Izquierda Unida registra una propuesta de moción contra la pobreza energética

Exposición de Motivos

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5’1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas.

Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año.

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.

Y en un posterior dictamen de 2013, «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano-a tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.

Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. La subida de los precios de la energía en plena ola de frio es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español.

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío a consumidores vulnerables, es decir, a aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.

Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas.

Por todo lo expuesto, la Asamblea Provincial de Izquierda Unida presenta para su aprobación si procede la siguiente

MOCION

1º.- Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.

2º.- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.

3º.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.

4º.- Compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

5º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.