IU registra en el Congreso la primera Iniciativa Parlamentaria con 48 medidas para luchar contra la corrupción

Izquierda Unida presentó el Viernes 11 de Diciembre en el Congreso su proposición no de ley que contiene las 48 medidas de que consta el Plan Integral de Lucha contra la Corrupción y en favor de la regeneración política. Ésta es la primera iniciativa parlamentaria estatal para atajar el grave problema que afecta a un número importante de administraciones y que “daña la credibilidad de las instituciones y de la política”, en palabras del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares.

Hasta ahora no se había registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria tan amplia para erradicar las distintas variantes logradas por la corrupción, pese a que algún partido político haya hecho amagos mediáticos de autobombo que luego no ha sabido o no tiene intención de concretar en sede parlamentaria. Además, la proposición no de ley presentada hoy desarrolla y cumple con lo ya expresado por el coordinador federal de IU, Cayo Lara, cuando el pasado 4 de noviembre adelantó los 20 puntos básicos de la propuesta de acuerdo político de ámbito estatal que esta organización ofrece a debate a todas las formaciones políticas contra la corrupción, que ahora se desarrolla en su totalidad.

Con su iniciativa, Izquierda Unida concreta una serie de medidas muy específicas, combinadas con unas serias peticiones de reforma de leyes importantes. IU trasladará también el debate de esta propuesta, con las especificidades correspondientes, a los parlamentos autonómicos donde tiene representación, con la intención de que pueda tener repercusión en todas las administraciones autonómicas y locales.

Gaspar Llamazares ha lamentado en rueda de prensa realizada junto a la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, que hasta ahora no haya habido ninguna “actuación seria contra la corrupción, después de los meses que llevamos de escándalo en escándalo” y que ejemplificó en la trama ‘Gürtel’ en Madrid y Valencia, el caso ‘Pretoria’, en Cataluña, así como los diferentes casos cruzados en Baleares.

El portavoz parlamentario de IU detalló que este Plan Integral dividido en 8 grandes bloques temáticos busca luchar contra la corrupción desde tres frentes: el de los corruptores, el de los corruptos y desde la transparencia en las distintas administraciones.

El primero de estos bloques de medidas hace referencia a la persecución de los delitos. Se incluyen aquí la ampliación de tipos penales y endurecimiento de las penas para los corruptos, el establecimiento de procedimientos de urgencia para los expedientes en los que se encuentren imputados cargos públicos o la incorporación del ordenamiento legal del Consejo de Europa.

“Pedimos también la ampliación de la inhabilitación de 30 años mínimo para los cargos públicos condenados por estos delitos”, detalló Llamazares, además de la inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos.

Entre las medidas de tipo preventivo está que la Agencia Tributaria pueda investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia, la creación de un registro de aquellos que disponen de billetes de 500 euros o la prohibición de que los bancos tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.

Se reclama también una mayor transparencia e información en los procesos de contratación de las administraciones públicas y en todo lo referente al control externo e interno de la contratación pública y los procedimientos de planteamiento, recalificación y licencia. Se reformaría la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación y evitar que los contratos se troceen de forma injustificadas.

Los alcaldes y concejales tendrán la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público y se deberán desarrollar las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo, con especial atención a las plusvalías.

Gaspar Llamazares explicó la necesidad de que se regulen los salarios de los cargos públicos, de establecer límites claros en la aceptación de regalos y de la incompatibilidad del ejercicio de sus funciones públicas con la realización de otras actividades empresariales o profesionales.

Respecto a los partidos políticos, se apuesta por la modificación de la Ley de Partidos con el fin de que se prohíban las donaciones, además de exigir que se “limiten drásticamente” los gastos electorales.

Inés Sabanés abundó en que se necesita reformar el régimen de aforamiento de los diputados y senadores. “No se puede aprovechar tu condición de cargo público para proteger delitos de prevaricación. El ser cargo público agrava el hecho”, dijo.

En materia municipal, IU propone que haya un registro público de recalificaciones de suelo, medidas para que el planeamiento municipal no se convierta en su totalidad en “plusvalías privadas” y que se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general.

Llamazares se mostró partidario de crear un Código Ético que, entre otras cosas, obligue a asumir las responsabilidades políticas que se deriven de los casos probados de corrupción y que se convierta en ley el Pacto Antitransfuguismo.

El diputado de IU recordó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que la vicepresidenta De la Vega anunció una ley de transparencia de la Administración Pública que él considera “imprescindible para un funcionamiento claro y que no se oculten datos incluso hasta los diputados. Pero esto está durmiendo el sueño de los justos desde hace años”.

Gaspar Llamazares explicó que la intención de esta iniciativa es “generar un debate abierto a todos los partidos” para que se den las necesarias modificaciones legales. “Esta propuesta no es un arma arrojadiza sino una mano tendida para recomponer la vida política”, resumió.

“La corrupción –dijo por su parte Sabanés- no sólo provoca una desafección de la ciudadanía respecto de los políticos, sino que produce un empobrecimiento de los recursos públicos” y puso como ejemplo que las pérdidas que generan los distintos casos de corrupción equivalen al presupuesto de varios ministerios o al del Ayuntamiento de Madrid.