IU CyL, se reúne con CCOO y UGT para analizar la situación de Castilla y León ante la crisis económica

Valladolid, 14 de octubre de 2008

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han mantenido un encuentro de trabajo con Izquierda Unida para analizar la situación que Castilla y León atraviesa en medio de la crisis económica y financiera, este martes, 14 de octubre, en la sede de IU-CyL. A la misma asistieron los secretarios generales de CC.OO., Angel Hernández, quien estuvo acompañado por el secretario de Comunicación, Juan José García, y de UGT, Agustín Prieto, así mismo acompañado por el secretario de Institucional y Comunicación, Oscar M. Lobo. Por parte de IU-CyL participaron el coordinador general, José María González y el responsable de Economía, José Campo.

Todos los presentes manifestaron la honda preocupación por la dura situación económica y social que una recesión económica internacional en trance puede causar en un territorio tan debilitado como lo es Castilla y León. En especial por la suerte que puedan correr las familias amenazadas por un desempleo creciente y por la población anciana que sobrevive en el umbral de la pobreza con pensiones mínimas.

También alcanzaron un rápido consenso sobre las medidas de urgencia que deberían aplicarse en nuestra Comunidad, tales como la fusión de todas las cajas de ahorro en una sola entidad capaz de dar garantía al ahorrador, así como de financiar toda iniciativa empresarial en cada provincia. Defendieron el inmediato abandono de la política de contención del gasto y afrontar un nivel de endeudamiento público equivalente a las necesidades inmediatas de la población, con el que poner freno al rápido deterioro de la economía y que siente las bases para un ulterior despegue de la actividad productiva, por lo que los Presupuestos de la Junta deberían apuntar en esa dirección, en vez del proyecto restrictivo que presenta.

El necesario Plan de Choque para eludir las peores consecuencias de la crisis económica comprendería medidas de apoyo a los sectores industrial, agrícola y ganadero, y del comercio. Supondría también el desarrollo de una decidida inversión en políticas sociales, en el inmediato desarrollo de la Ley de Dependencias públicas inactivas, en guarderías públicas y en medidas de conciliación laboral y familiar. En este capítulo, atendiendo a la creciente morosidad en el pago de las hipotecas bancarias, la Junta debería intervenir para que se rebaje los costos de hipotecas inferiores a 150.000 euros, en los casos en los que la renta familiar ponga en riesgo de desahucio a sus titulares.

Finalmente, los reunidos manifestaron su acuerdo en la necesaria aplicación de un Plan de Austeridad, con medidas consensuadas entre la Junta, los agentes sociales, la Federación Regional de Municipios y Provincias y empresas públicas que busque la óptima utilización del gasto corriente y la eliminación del gasto superfluo para generar un ahorro que pueda desviarse a la inversión pública.