Fraude fiscal: ¿violencia económica o terrorismo económico?

Excelente artículo el de Ana Flores en Público.

Por un lado, nos ofrece datos que son impresionates:

“En el país del ‘con IVA o sin IVA’, sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar a Hacienda”.

Hay 6.000 millones de € pendientes de cobro por la Agencia Tributaria.

En España hay 8.789 habitantes por cada empleado de inspección fiscal.  En Francia son 6.873, es decir, 2.000 habitantes menos, y eso que es el peor país de media tras el nuestro.  Nos sigue Portugal con 5.641 y Eslovenia con 5.538.  En el lado contrario se encuentran Alemania (1.131), Bélgica (1.303) y Austria (1.522).

En España, la deuda media descubierta por contribuyente inspeccionado ha pasado de 50.000 € en 1995 a 250.888 € en 2010.  Es decir, se ha quintuplicado.

En España, los contribuyentes inspeccionados en 1995 fueron 52.158 y en 2010 bajaron a 23.923.

Por otro lado, nos ofrece una batería de medidas que sólo depende de la voluntad política para aprobarse y lograr que los que defraudan, sobre todo las grandes fortunas y las grandes empresas, lo tengan mucho más difícil:

Subir el periodo de prescripción de los delitos fiscales de 5 a 10 años.  El último intento fue abortado en el Congreso con una enmienda de CiU aceptada por el PSOE.  Los argumentos fueron entre pueriles y cínicos y quizá ocultasen intereses privados de sus señorías:  no se quería afectar a la competitividad de las empresas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo, o se quería simplificar las exigencias a los contribuyentes.

Contra los paraísos fiscales los expertos proponen que se exija a los bancos que no trabajen con ellos o que deban dar las mismas informaciones que la que se da sobre su actividad en España.  También se proponen impuestos, del 25 %, por ejemplo, a toda transferencia que se realice a un paraíso fiscal (como ya hace Francia), o implantar la famosa y reiteradamente postergada Tasa Tobin.  También se critica duramente lo que se ha hecho hasta ahora contra los paraísos:  ”Lo que ha hecho la OCDE es una pantomima.  Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países”.  Los paraísos se saltan esta norma compartiendo la información entre ellos y con ningún país más.

La agencia tributaria tiene 28.000 empleados, que en 2012 se quedarán en 25.000 por las jubilaciones que ahora no se cubren por los recortes.  Si nos atenemos a los datos previos habría que subir considerablemente el número de inspectores fiscales para llegar a la media europea.

Prohibir las SICAV.

Variar el sistema de módulos.

Todo el que ayude a defraudar (bancos, abogados) debería ser corresponsable y todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también.

Endurecer las penas: proponen multiplicar las sanciones por cuatro.

¿Provoca el fraude fiscal violencia?  Pensamos que sí:  por un lado es injusto ética y jurídicamente contra los que no defraudan, por otro lado se basa en el egoísmo y la insolidaridad, contravalores que son típicos de la violencia cultural, además, impiden solventar necesidades sociales a través de los presupuestos del estado, generan desigualdades sociales y económicas que promueven conductas violentas futuras, etc.  Podríamos catalogar al fraude fiscal como violencia económica y a ésta como un tipo de violencia estructural que acaba provocando violencia cultural y violencia directa.

Cuando hablamos de qué queremos defender para lograr una seguridad humana, tendríamos que incluir medidas que nos protegiesen contra el fraude fiscal y la insolidaridad y egoísmo de aquellos que lo practican.  También deberíamos exigir a los partidos políticos, en estas épocas de debate electoral que incluyesen en sus programas políticos las anteriores medidas.

Nos asalta también la duda de si el fraude fiscal puede considerarse un tipo de terrorismo económico, quizá al mismo nivel que el terrorismo económico que han supuesto los descalabros financieros que tienen a la economía mundial en jaque.  ¿Por qué no?  Provocan terror, mucha miseria, pérdida de derechos, paro, recortes sociales…  Realmente sus consecuencias son violentas y terroríficas, pero si somos sinceros, habría que calificarlo, por dejación de funciones en su control, por consentirlo, como terrorismo económico de estado.