NUEVATRIBUNA.ES - 16.03.2009
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy un plan de acceso a la vivienda que contempla, como primer paso, que "el Estado adquiera a precio de coste en 2009 cerca de 100.000 viviendas nuevas que no hayan sido objeto de una primera ocupación y que los promotores no hayan logrado vender, incluidas en el stock de más de un millón de casas que se encuentran en esta situación". La intención es que estas viviendas se destinen "prioritariamente" al alquiler protegido con precio tasado dirigido a aquellas familias y colectivos con menos recursos y en situación económica más precaria.

Lara ha recordado que en los últimos años del boom inmobiliario "sólo cerca de 6 ó 7 viviendas de cada 100 construidas han sido protegidas", y ha afirmado que "de ahí viene en buena medida la situación actual de precios y que nos encontremos con jóvenes y familias hipotecados de por vida”. Pero lo peor está por llegar. Los informes oficiales que ha puesto sobre la mesa IU señalan que los embargos de viviendas en 2009 serán un 197% superiores a los que ya hubo en 2007, y que los desahucios -que ya han llegado a 140.000- afectarán a final de año a unas 180.000 familias. Todo ello, según Lara, "en una situación de desempleo que puede hacer que para el verano haya 1,5 millones de personas sin cobrar ni subsidio ni prestación por desempleo alguna".

En este sentido, el plan presentado por Izquierda Unida plantea "medidas de urgencia para evitar los embargos y desahucios de los trabajadores en paro". Concretamente, dice que "las Comunidades Autónomas se subrogarán en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios de los trabajadores en paro cuyos ingresos familiares no superen la cantidad de 3,5 veces el IPREM (22.144,01 euros anuales)" y fija que estas administraciones acuerden "ayudas a fondo perdido para el pago principal de la hipoteca de hasta el 50% del mismo, destinadas a aquellos trabajadores en paro cuyos ingresos no lleguen a 2,5 veces el IPREM (16.807,15 euros anuales)".

"Las Comunidades Autónomas acordarán ayudas al pago del alquiler mensual de los trabajadores en paro que estén sometidos a un procedimiento de desahucio, siempre que sus ingresos familiares no superen 2,5 veces el IPREM (16.807,15 euros anuales). Esta ayuda llegará hasta el 50 por ciento del alquiler mensual, con un límite de 350 euros por vivienda y mes", señala también el texto.

PROPUESTAS SOBRE PROBLEMAS REALES

El máximo dirigente de IU ha indicado que el Plan Alternativo de Vivienda presentado este lunes es continuación del Plan Alternativo de Empleo propuesto el mes pasado. "Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas sobre lo que interesa a la gente, sobre los problemas reales que tiene la mayoría de ciudadanos, y dejamos a otros que se enreden en cortinas de humo de casos de corrupción que parece que les ocupan mucho tiempo", ha dicho.

En este sentido, Lara ha avanzado una propuesta en la que ya trabaja Izquierda Unida -en colaboración con distintos colectivos y expertos- para que el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), "adelante recursos a los ayuntamientos para que éstos puedan pagar a las pymes con las que han tenido contratas y siguen esperando que les paguen". El objetivo es desatascar una situación que, según Izquierda Unida, afecta muy directamente a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

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