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IU achaca a la Junta una gestión “tan negligente como antisocial”

Miércoles 25 de junio de 2008

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha extendido actas de liquidación a la Junta de Castilla y León por una cuantía de 564.000 (casi 91 millones de las antiguas pesetas) por incumplir de manera sistemática el Real Decreto 63/2006 por el que se regula la situación laboral del “Personal Investigador en Formación”.

En respuesta a una pregunta parlamentaria elaborada por IU Salamanca y formulada por Gaspar Llamazares, el Gobierno ha comunicado que efectivamente, la Junta de Castilla y León está incumpliendo su obligación de dar de alta a los “becarios de contrato”, que son aquellos que han superado los dos primeros años del programa de beca y que han obtenido el DEA.

Izquierda Unida Salamanca considera significativo que la Junta ejerza una clara “insumisión a una normativa que supone un importante avance al considerar a los becarios como auténticos trabajadores por cuenta ajena”.

En opinión de IU “las argucias al final salen caras y el dinero que podría haberse utilizado en aumentar de manera cuantiosa el número de personas becadas ahora tendrá que ir destinado a pagar sanciones a la Seguridad Social por un caso de desprotección flagrante que venía siendo denunciado públicamente tanto por IU como por las diferentes asociaciones de becarios”.

Izquierda Unida exige a la Junta que “abandone la senda de la negligencia, el ahorro en política social y las estratagemas y que de ejemplo para que nadie pueda decir que la administración es la primera en vulnerar la legislación y en defraudar a la Seguridad Social”.

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