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Admitida a trámite la querella de IU contra Cifuentes por identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones a manifestantes en Madrid

Admitida a trámite la querella de IU contra Cifuentes por identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones a manifestantes en Madrid

El Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid se ha hecho cargo y ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Izquierda Unida contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Esta querella fue registrada por esta formación en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla el pasado día 12, a través de sus diputados en el Congreso Alberto Garzón y Ricardo Sixto.

El escrito de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.

Ricardo Sixto y Alberto Garzón reiteran que con esta acción judicial “Izquierda Unida persigue dar respuesta a las identificaciones indiscriminadas y a las duras e injustas sanciones impuestas a varios centenares de personas” que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo, en las protestas convocadas hace un par de meses a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.

Sixto afirma que “creo no equivocarme si expreso en estos momentos la satisfacción de nuestra formación ante este primer paso judicial que se ha producido. Esperamos que le sigan otros muchos y que la Justicia pueda arrojar luz suficiente para aclarar una situación que consideramos muy grave. Estamos empeñados acabar con la impunidad con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año”.

Para el diputado de IU por Valencia, la respuesta dada a estas protestas evidencia que la política de Interior que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se centra únicamente en “la vía policial y la multa”, algo que se demostró cuando se buscó acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica”.

Alberto Garzón recordó durante la presentación de la querella que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y les reclama sanciones que, en algunos casos, alcanza los 500 euros.

En este sentido, bajo el link ‘Defiéndete’, Izquierda Unida ha puesto en su web www.izquierda-unida.es a disposición de todos los ciudadanos un modelo-tipo de alegaciones para facilitar la posibilidad de que aquellos que hayan sido expedientados puedan responder de manera efectiva a las sanciones que se busca imponerles.

IU considera que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior encaminada a amedrentarla para que desista de participar en nuevas concentraciones contra los recortes de los gobiernos central y autonómico del PP, así como a las políticas impuestas de restricción de derechos y de privatización de lo público”.

En esta línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas”.

IU recuerda que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.

En la querella se incide en el desarrollo pacífico de las protestas y en el hecho de que “los únicos incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de la Policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”.

IU expone también en su escrito que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo.”

Para la parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre ciudadanos”.

La querella recuerda también que el secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre que “con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”.

IU propone elaborar un código de buenas prácticas de los excedentes alimentarios para que puedan ser entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre los más necesitados

IU propone elaborar un código de buenas prácticas de los excedentes alimentarios para que puedan ser entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre los más necesitados

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha registrado una iniciativa parlamentaria para la “elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes alimentarios” en la que se propone, entre otras cuestiones, que se establezcan mecanismos “para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades”.

En esta proposición no de ley, firmada también por el portavoz económico de IU, Alberto Garzón,  se incide también en que debe mejorarse “la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización”.

La iniciativa de IU señala a “la pobreza y la exclusión social” como las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que “sufren” millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta “solamente” a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, “ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia”.

Se produce pues la incorporación a la pobreza de “miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del bienestar y que hoy, sin embargo, se encuentran sin recurso alguno”.

Según el Informe del Parlamento Europeo sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, “cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles -según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que se convierten en residuos”.

De ahí que la iniciativa parlamentaria inste también al Gobierno a “contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos”. 

También subraya la PNL que firman Centella y Garzón que en España “más de un 20% de la población activa está en paro y más de un millón de personas pasando hambre”, según recoge la ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ que realiza cada año el INE, cuyos datos señalan que un 2,4% de los residentes en España ‘no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días’. Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.

Texto íntegro de la Proposición no de Ley registrada

A la mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre la elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes de alimentos, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que sufren millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia.

Se produce pues, la incorporación a la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del Bienestar, y que hoy sin embargo, se encuentran sin recurso alguno.

Según el Informe del Parlamento Europeo “sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaría en al UE, cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles – según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que se convierten en residuos.

En España, más de un 20% de la población activa  está en paro y más de un millón de personas pasando hambre según recoge la “Encuesta de Condiciones de Vida” que realiza cada año el INE,  cuyos señalan que un 2,4% de los residentes en España “no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”. Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.

Las necesidades de alimentos y de otros productos básicos, de limpieza o aseo personal, se han ido extendiendo a segmentos de la población que no encajan en las categorías tradicionales de excluidos. Las nuevas necesidades no se concentran en personas sin techo, sino en familias con un grado considerable de vulnerabilidad a las que la crisis ha empujado a la pobreza.

Esta situación de pobreza, agravada en los últimos meses por los efectos de la crisis, ha llevado a  algunas organizaciones sociales  ha denunciar el despilfarro de alimentos aptos para el consumo la producción,  distribución y también de forma importante en el consumo.

Ante esta realidad, las acciones simbólicas de organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores en las últimas semanas, han reactivado el debate sobre qué deberían hacer los supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de caducar y a cuestionarse  el sistema alimentario actual, exigiendo el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo en lugar de convertirlos en desperdicios.

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78%) de los desecha la comida que está a punto de caducar, y tan sólo el 20% se la entrega a un banco de alimentos o a una ONG para su aprovechamiento.

Los Bancos de Alimentos u otras interesantes iniciativas sociales hacen una labor fundamental, pero no llegan a cubrir todo el problema. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario considera que el Gobierno debe tomar la iniciativa para promover, no sólo hábitos de consumo razonable en los ciudadanos, sino también un código de buenas prácticas en las cadenas de distribución de alimentos y un sistema de distribución de alimentos aptos para el consumo, que evite que los mismos acaben en la basura convertidos en desperdicios.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover en el plazo de 6 meses la elaboración de un Código de Buenas Prácticas de la distribución sobre los excedentes de alimentos, con la participación de todos los agentes implicados, con el objetivo de:

1.      Mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización.

2.      Establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con mas necesidades.

3.      Contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos.  

IU exige que se incluya en el IRPF la desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar

IU exige que se incluya en el IRPF la desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar

Izquierda Unida, a través de su portavoz en la Comisión e Educación del Congreso, Caridad García, ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que propone “introducir en la regulación del IRPF de la declaración para 2012 la desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar”.

IU argumenta esta iniciativa en el hecho de que la “Educación es, junto a la Sanidad, uno de los sectores más afectados por los recortes impuestos por el Gobierno del PP. La reducción de las becas para el curso 2012-2013, las subidas en el transporte escolar y en los gastos de comedor, así como el desorbitado incremento del IVA en el material escolar a partir del 1 de septiembre afectarán muy duramente a las economías familiares, en medio de graves dificultades como consecuencia de la dura crisis económica”.

Caridad García considera “impresentable” la modificación realizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, incluida en el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que eleva el IVA del material escolar. “No existe justificación económica posible –señala la diputada de IU-, salvo la falta de sensibilidad política y social del Gobierno del PP, para pasar el material escolar del tipo súper-reducido del 4% del que hasta ahora viene disfrutando al tipo general del 21%”.

“El PP vuelve a hacer una chapuza a la que a partir de la próxima semana van a tener que hacer frente cientos de miles de familias ya castigadas por la crisis a través de otros múltiples recortes. Cuando desde el PP se siguen subvencionando y favoreciendo con importantes cantidades de dinero público los intereses de las empresas educativas privadas, especialmente las religiosas, no es de recibo que por un simple afán recaudatorio se suba de golpe un 17% el precio del material didáctico de uso escolar, incluidos los juegos didácticos, los portalápices, agendas, cartulinas y blocs de manualidades, compases, plastilina, lápices de cera, pinturas, cuadernos de espiral, etc”.

García Álvarez denuncia también “las falsedades lanzadas por los responsables educativos y económicos del Gobierno cuando pretenden justificar esta desproporcionada subida con el argumento de que así lo plantea la Comisión Europea en distintos informes. Lo cierto es que la UE se limita a establecer criterios generales para la armonización de los tipos de IVA entre los distintos Estados miembros, de lo que de ningún modo se puede deducir que el incremento del 4% al 21% sea una exigencia de la Unión Europea”.

La proposición no de ley firmada por la diputada de IU por Madrid también insta al Ejecutivo a que “de acuerdo con las comunidades autónomas, recomiende a los centros educativos que sean comedidos con la petición de material escolar extraordinario que vayan a realizar a las familias de cara al curso 2012-2013”.

Esta recomendación resulta especialmente importante si se tienen en cuenta datos como los reflejados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que calcula que el gasto de la vuelta al colegio por hogar será de 640 euros de media, una cifra que sube a 917 en el caso de los colegios concertados.

IU cree que las medidas demuestran “el odio de clase, el odio hacia los más humildes” del Gobierno del PP

IU cree que las medidas demuestran “el odio de clase, el odio hacia los más humildes” del Gobierno del PP

El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado que las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros muestran “el odio de clase, el odio hacia los más humildes” del Gobierno del PP. Lara ha lamentado que “no actúa de igual forma sino que ayuda a los más poderosos” y sobre la reforma del Plan Prepara ha asegurado que el aumento de 50 euros para algunos parados es una “excusa de marketing” para reducir a los beneficiarios totales.

Lara criticó hoy en rueda de prensa la cuantiosa reducción de beneficiarios de la ayuda de 400 euros que va a tener el Plan PREPARA mientras que se ha utilizado como una “excusa de márketing” el aumento de 50 euros sólo para los parados con tres familiares a su cargo, “un número muy reducido dentro de los cerca de 200.000 que podrían tener derecho a esta ayuda”.

Defensa de los jóvenes
El líder de IU defendió a los parados jóvenes que se han quedado sin prestaciones por ser “a los que más negativamente afectarán este nuevo recorte” y señaló que tener que volver a casa de sus familias no puede considerarse un “agravante más a sumar a los que ya tienen”, en referencia a este colectivo que es uno de los más afectados por el desempleo, por los recortes en educación y de las ayudas para poder emanciparse.

Argumentos “esperpénticos”
“Es incomprensible –dijo- que el Gobierno les castigue más y les quite la ayuda si vuelven con la familia por una situación de deterioro del empleo en la que tiene mucho que ver el Gobierno”. Lara calificó de “esperpénticos” los argumentos empleados por los dirigentes del PP para justificar su decisión y recordó que ese aumento de 50 euros al mes a los parados con tres personas a su cargo tan repetido por el Gobierno apenas supone en la práctica 30 céntimos diarios más para cada uno de ellos.

Desahucio exprés
Pero Cayo Lara argumentó también ese “odio” a los más desfavorecidos en las medidas contenidas en el proyecto de ley que reforma el alquiler, que incluye el “desahucio exprés” a partir del décimo día para los inquilinos que tengan problemas para pagar.  “Todo es exprés para este Gobierno –criticó Lara- menos su actitud ante los poderosos y los que cometen fraude fiscal”, razonamiento en el que incluyó la falta de medidas por parte del Ejecutivo de Mariano para ayudar a los pequeños ahorradores afectados por la colocación de participaciones preferentes por parte de diversas entidades bancarias.

El Gobierno “va a lo fácil”
Destacó que esos cambios legales sobre el alquiler de viviendas “van a agudizar la situación dramática de muchas familias”, que puede desembocar en la exclusión social. Insistió en que el Gobierno “va a lo fácil” y ni se plantea otras medidas posibles como la promoción del alquiler de vivienda protegida procedente, entre otros, “del stock de inmuebles propiedad de las entidades financieras intervenidas y que reciben y van a recibir miles de millones de dinero público”.

http://www.elplural.com/2012/08/24/iu-cree-que-las-medidas-demuestran-%E2%80%9Cel-odio-de-clase-el-odio-hacia-los-mas-humildes%E2%80%9D-del-gobierno-del-pp/

IU pide un plan contra la pobreza financiado con impuestos a ricos y bancos

IU pide un plan contra la pobreza financiado con impuestos a ricos y bancos

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que propone un "Plan coordinado contra la pobreza y la exclusión social" que se financie con una subida de impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios de la banca.

La proposición no de ley, firmada por el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, reclama que el plan se dirija sobre todo a los desempleados de larga duración que no tienen recursos.

IU apuesta por financiarlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado entre 2013 y 2015 mediante un aumento de los ingresos procedente de un incremento de los impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios bancarios.

Según el texto de la iniciativa, el plan debería incluir una renta básica que ampare a las personas sin recursos económicos porque llevan mucho tiempo en paro, así como un proyecto de empleo público y una red pública de atención social.

En este último caso, Izquierda Unida sugiere que se coordinen de manera más eficaz las ayudas de los bancos de alimentos mediante acuerdos con empresas distribuidoras y comerciales, para evitar además que se destruyan productos alimenticios en buenas condiciones que podrían servir para abastecer a los más necesitados.

IU recuerda que la pobreza y la exclusión social son "las consecuencias más dramáticas" de la crisis y critica que mientras aumenta "vorazmente" el número de personas sin recursos se siguen pagando "sobresueldos y jubilaciones escandalosas" entre los directivos del sector bancario.

La iniciativa reclama por otro lado que se paralicen los procesos judiciales de desahucios y embargos hipotecarios a los parados de larga duración.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/iu-pide-un-plan-contra-la-pobreza-financiado-con-impuestos-a-ricos/20120813164338079748.html

Cuando el miedo cambie de bando

Llamazares denuncia que Ruiz-Gallardón se convierte en cómplice de las irregularidades de Dívar al avalar su conducta y descartar que acuda al Congreso

Llamazares denuncia que Ruiz-Gallardón se convierte en cómplice de las irregularidades de Dívar al avalar su conducta y descartar que acuda al Congreso

El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha responsabilizado hoy  al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de ser “cómplice de las irregularidades” del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, con sus viajes privados a Marbella y el pago de las facturas con dinero público.

Llamazares informó de que IU ha pedido también la comparecencia de Ruiz-Gallardón en el Congreso por este asunto, que se suma a la solicitud en el mismo sentido de Dívar, que ya se ha registrado en tres ocasiones, junto a la del presidente de la Comisión Presupuestaria del CGPJ. Además, también está registrada desde ayer la petición para que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dé cuenta en sede parlamentaria de “los criterios seguidos por el Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos de malversación de fondos públicos”.

En declaraciones a los medios en el Congreso junto al portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, el diputado de IU por Asturias respondía así a las palabras de Ruiz-Gallardón en las que alegó que Dívar no tiene motivos para comparecer ante los grupos parlamentarios porque ‘no es competencia’ del Parlamento controlar al CGPJ. Llamazares indicó que “no es verdad” y razonó que una parte del órgano de gobierno de los jueces es nombrada por las Cámaras, por lo que su presidente debe someterse al control parlamentario.

Gaspar Llamazares comentó que el ministro de Justicia se ha convertido en “avalista” de Dívar y consideró que el presidente del CGPJ aún tiene que explicar en el Congreso los gastos realizados en sus múltiples viajes, algo que se le puede reprochar con carácter “ético y político” y, quizá también, “judicial”, dijo.

Para el parlamentario de IU, Carlos Dívar “debería dimitir por el bien de su nombre y por el buen nombre del Poder Judicial y de la Justicia en general. En la Justicia hemos pasado de la crítica ciudadana a la ‘justicia del escándalo’. El presidente del Supremo no puede haber caído más bajo” con su actuación y las explicaciones que ha ofrecido.

El texto de la tercera petición de comparecencia de Dívar registrada ayer se ha reformulado en estos términos: “Para que explique los criterios para la determinación de los gastos de protocolo y los originados por razón del ejercicio del cargo”. Se hizo así después de que la Mesa de la Cámara –primero con la unanimidad de PP, PSOE y CiU, y luego con los votos de PP y CiU, junto a una petición de reformulación del PSOE- echara abajo las dos primeras solicitudes.

IU lanza una campaña para volcarse con el 1º de mayo, la movilización y la lucha por el empleo, los derechos laborales y los servicios públicos

Viernes, 27 de abril de 2012

Esta acción política incluye el vídeo ‘MAY DAY. No vamos a retirar las pancartas’ como uno de los elementos esenciales de la campaña que lleva por lema ‘1º de Mayo, siempre con las trabajadoras, siempre con los trabajadores’

Izquierda Unida lanza hoy una campaña con motivo de la celebración del 1º de Mayo. Con esta acción política se busca “fortalecer la movilización sostenida que desarrollan tanto los sindicatos como múltiples movimientos ciudadanos, a través de una llamada desde IU a la movilización y a la rebeldía de la mayoría social frente a los recortes y la pérdida de derechos que busca imponer el Gobierno de Mariano Rajoy”, señala Amanda Meyer, responsable federal de la Secretaría de Comunicación Interna.

La campaña lleva como lema ‘1º de Mayo, siempre con las trabajadoras, siempre con los trabajadores’. Meyer explica que con ella “se envía un mensaje a toda la sociedad comprometida en rechazar que desde las instituciones de la Unión Europea, el FMI o la derecha política y económica de nuestro país se les haga responsables y víctimas de una larga crisis que no generaron y de un agravamiento de la misma consecuencia de unas políticas que no han respaldado, ocultadas durante la última campaña electoral para llegar al Gobierno”.

La dirigente federal de IU indica que “hacemos un llamamiento para la movilización social y la participación en todas las manifestaciones y concentraciones programadas por los sindicatos para este 1º de Mayo. Para Izquierda Unida este día debe quedar claro que no estamos dispuestos a aceptar una salida de la crisis que no vaya a favor de la mayoría social de este país”.

Entre los materiales de la campaña, para la que se han diseñado cartelería propia, díptico explicativo y diseños digitales especialmente destinados a las redes sociales, destaca el vídeo titulado ‘MAY DAY. No vamos a retirar las pancartas’. Además, se empleará el hastag  #Rebélate.

La filosofía de este trabajo audiovisual se expresa en la idea de que “quieren que nos encerremos en nuestras casas, que tengamos miedo al desempleo y a la precariedad, y que cale la pesadilla de que habrá un futuro peor que el pasado en el caso de que responsamos, pero no lo conseguirán”, detalla Meyer. Para ello se juega con el doble mensaje contenido en el código internacional de socorro ‘MAY DAY’, utilizado también aquí como acrónimo del 1º de Mayo.

La responsable de Comunicación Interna explica que “IU mantiene así dentro de su política comunicativa su apuesta por la comunicación audiovisual, en la que los vídeos específicos son una de nuestras principales herramientas”.

El vídeo comienza con la intervención del coordinador federal de IU, Cayo Lara, en el Pleno del Congreso en la que llama a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, a “mirar a los ojos a los trabajadores”. Tras varios cortes en los que puede verse a representantes del Gobierno y de la CEOE, los 1,30 minutos que tiene de duración el vídeo finaliza con un “mensaje de rebeldía en el que se advierte de que ‘no vamos a dejar las pancartas’ y la movilización social”.

IU, ICV-EUiA, CHA reprochan al Gobierno su falta de atención con los desahucios y denuncia la poca ética y los abusos de los bancos con las familias afectadas.

IU, ICV-EUiA, CHA reprochan al Gobierno su falta de atención con los desahucios y denuncia la poca ética y los abusos de los bancos con las familias afectadas.

Miércoles, 22 de febrero de 2012

El Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, a través de su diputado Joan Coscubiela ha interpelado hoy al ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. En su intervención, el parlamentario ha criticado “la ruptura ética provocada por las entidades financieras, sus abusos y el trato discriminatorio que reciben las familias, en relación al que reciben otros acreedores más poderosos como constructoras, inmobiliarias o grandes propietarios de suelo”. Además,  ha reprochado al Gobierno que “a pesar del impacto de los desahucios y de las movilizaciones de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, este drama humano no ha merecido la atención del Gobierno, ni del de antes ni el actual”

Coscubiela considera que “nuestro país vive un grave drama humano que, hasta ahora, no ha merecido tampoco la acción del Gobierno”. Ha recordado que entre 2007 y el tercer trimestre del 2011 se han iniciado en España 328.687 procedimientos de ejecución hipotecaria. Entre el 2008 y 2011 se han producido 151.369 procesos de desahucio, la mayoría de la vivienda habitual, que han dejado en la calle a miles de familias.

En palabras de Coscubiela, “éste es, junto al paro de larga duración y el millón y medio de hogares sin ningún miembro de la familia trabajando, uno de los efectos más dramáticos de esta crisis”.

El diputado de IU, ICV-EUiA, CHA se ha preguntado “¿qué sucedería si más de 150.000 personas tuvieran que abandonar su vivienda como consecuencia de una catástrofe de la naturaleza? Seguro que todo el país y el Gobierno se volcarían en ello” y ha enfatizado que “los 150.000 desahucios son una catástrofe provocada por un sistema económico injusto y salvaje. Y merecen, exigen, la atención del Gobierno y de esta Cámara”. 

“En la mayoría de los casos asistimos a situaciones escandalosas –ha explicado Coscubiela-, elevados tipos de interés para la morosidad, adjudicaciones de viviendas por los bancos por cantidades irrisorias, enriquecimiento inmoral de estas entidades que, después de la adjudicación, obtienen en el mercado precios muy superiores, que sólo revierten en el banco y no en las familias deudoras y más recientemente la generalización de las ejecuciones extrajudiciales ante notario, con muchas menos garantías y más abusos”.

Señaló también que “para dar cobertura a la dación en pago a las inmobiliarias se está utilizando una parte de los recursos públicos que directa o indirectamente reciben vía avales, adquisición de activos o créditos del FROB y que en total asciende a 137.000 millones de euros”.

El diputado catalán denunció que “mientras los bancos utilizan recursos públicos para cubrir los agujeros dejados por las inmobiliarias, entre los años 2007 y 2010 declaran unos beneficios cercanos a los 50.000 millones de euros; esos mismos bancos se niegan a aceptar la dación en pago de las familias desahuciadas”.

Reclamó que “si hay voluntad política se puede intervenir, y le pedimos que lo haga ya, urgentemente, para que en todas las entidades con participación del FROB se aplique de forma inmediata la dación en pago y con las viviendas se pueda configurar un parque público que facilite el acceso a una vivienda digna”.

“Lo contrario sería seguir al servicio de los especuladores inmobiliarios que nos han llevado a esta crisis como país y ser cómplice de la injusticia que para muchas familias supone ser desahuciadas y quedarse además con una deuda de por vida, por el único delito de querer disponer de una vivienda digna”, dijo. 

Cayo Lara: Con 5.300.000 personas paradas es imprescindible un cambio radical de la estrategia anticrisis

Cayo Lara: Con 5.300.000 personas paradas es imprescindible un cambio radical de la estrategia anticrisis

El coordinador federal de IU ha valorado hoy a raíz de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) -que registra casi 5,3 millones de parados y una tasa de desempleo del 22,85%- que “no se puede permitir que se ampute más el Estado de bienestar” de seguir por la senda del ‘ajuste duro’ del Gobierno del PP, al que ha exigido un “cambio radical” en la política que plantea para salir de la crisis.

En rueda de prensa en el Congreso, Lara señaló que aunque las cifras finales de desempleados en 2011 “son imputables al anterior Gobierno del PSOE, porque el PP llegó en diciembre”, avisó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “no hace otra cosa que profundizar en la línea errónea del ajuste duro”.

Alertó que para dar la vuelta a una cifra de desempleados que “chorrean sangre” se necesita ahora más que nunca “romper el círculo vicioso” de más paro al que han llevado las políticas practicadas hasta ahora. Para ello, planteó medidas para dinamizar la economía y aumentar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal progresiva que permita luchar contra el fraude sumada a la reactivación del crédito a través de la creación de una Banca Pública.

Lara opinó que si se cumple el pronóstico del FMI de que la economía española caerá un 1,7% este año o un 1,5%, según el Banco de España, “nos podemos encontrar con otro medio millón de desempleados en 2012”, mientras que Rajoy “persiste en esta línea y sigue sin tomar ni una sola medida para crear empleo”.

Al tiempo, el coordinador federal de IU criticó que, en lugar de solicitar una prórroga para cumplir los objetivos de déficit, el líder de la derecha sólo fuera a visitar a la canciller alemana, Angela Merkel, con una supuesta “propuesta estrella” que en realidad es “ridícula”. Se refería así a la propuesta de que la Unión Europea dedique a políticas de empleo los excedentes de los fondos de cohesión -unos 40 millones de euros-, una cantidad “irrisoria” si se tiene en cuenta que debe repartirse entre los 27 miembros de la UE.

IU llevará ante los tribunales a las comunidades que niegan cobertura médica a los parados e inmigrantes

IU llevará ante los tribunales a las comunidades que niegan cobertura médica a los parados e inmigrantes

Los Gobiernos del PP en Galicia y Murcia, pioneros en recortar el derecho a la sanidad para todos

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha advertido de que la coalición podría denunciar ante los tribunales a aquellos gobiernos autonómicos que “violen los derechos básicos” de los ciudadanos por dejar sin asistencia sanitaria a parados o extranjeros sin permiso de residencia.

“Es una ignominia que le quiten a la gente el derecho de la sanidad por el hecho de estar parado o ser inmigrante. Espero que sea corregido de manera automática porque no se les puede dejar desatendidos del derecho universal de la sanidad”, ha dicho Lara en una rueda de prensa en la sede de IU en Madrid.

“Sería tremendo que una persona muera porque no es atendido”

El líder de IU ha avisado de que “sin ninguna duda” las federaciones regionales de su partido acudirán a los tribunales porque “sería tremendo que en España una persona se muera porque no es atendido por la sanidad pública”. “Sería un hecho dramático”, ha añadido.

La burocratización en Murcia y Galicia

Lara ha denunciado la “burocratización” que, a su juicio, se ha introducido en los servicios de salud de comunidades como Murcia o Galicia a la hora de activar de nuevo la tarjeta sanitaria, y ha subrayado que cualquier persona debe ser atendida automáticamente si cae enferma.

El modelo gallego

Como informó ELPLURAL.COM, el Gobierno de Alberto Núñez-Feijóo (PP) en Galicia ha establecido que las personas que llevan más de un año sin empleo pierdan su cobertura sanitaria en las condiciones que conocemos. Así, dejan de tener derecho a un médico de cabecera y a recetas médicas. Solo cuentan con el servicio de Urgencias siempre que firmen con anterioridad un “compromiso de pago”. Una vez que justifiquen las carencias de su situación económica, los servicios de Salud de la Xunta le tramitan una tarjeta especial para “personas sin recursos”.

En Murcia

En Murcia, la responsable de Sanidad del Grupo socialista en el Parlamento, Teresa Rosique, ha denunciado que el Servicio de Salud regional está incumpliendo las leyes de Sanidad al negar la asistencia a parados sin cobertura de desempleo y extranjeros sin permiso de residencia y recursos.

La socialista aseguró tener copia de la comunicación realizada en el último mes, desde la Secretaría General Técnica del Servicio Regional de Tarjeta Sanitaria de esta comunidad, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel a través de la cual, se informa a las personas afectadas el cese del derecho a la asistencia sanitaria.

Fuente: http://www.elplural.com/politica/iu-llevara-ante-los-tribunales-a-las-comunidades-que-niegan-cobertura-medica-a-los-parados/

Cayo Lara califica de gran noticia el anuncio de ETA que acaba con años de sufrimiento y abre un nuevo escenario para el futuro.

Cayo Lara califica de gran noticia el anuncio de ETA que acaba con años de sufrimiento y abre un nuevo escenario para el futuro.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, valora que “el anuncio realizado hoy por ETA en el que traslada su decisión de cese definitivo de la actividad armada es una gran noticia que acaba con decenas de años de sufrimiento y crea un nuevo escenario para el futuro del País Vasco y del conjunto de España”.

Para Lara, “se trata de una gran victoria de las fuerzas democráticas que hemos defendido siempre la aplicación del Estado de Derecho. Estamos ante un momento histórico, que debería haberse producido tras la conquista de la democracia, evitando así tanto dolor y tantas víctimas inútiles, con las que somos solidarios y que merecen hoy un reconocimiento especial”.

El coordinador federal de IU considera que “en cuanto este cese se verifique, el conjunto de las fuerzas políticas y los gobiernos deberemos estar a la altura de las circunstancias para superar las secuelas de la acción terrorista”.

Asamblea Federal de la Convocatoria Social

IU presenta un Plan de Empleo para crear 400.000 empleos verdes y sociales

IU presenta un Plan de Empleo para crear 400.000 empleos verdes y sociales

Cayo Lara y José Antonio García Rubio, que han calificado la propuesta de “seria, sostenible y con los pies en el suelo”, cifran su coste en 10.000 millones de euros, buena parte de los cuales se recuperarían “con las cotizaciones a la Seguridad Social, por el aumento de los ingresos en el IRPF y por la disminución de los costes del desempleo”.

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Cayo Lara, y del responsable de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, ha presentado hoy un nuevo Plan Empleo, esta vez dirigido preferentemente a 400.000 jóvenes parados menores de 35 años para que puedan encontrar trabajo en el sector verde y en el de los servicios sociales. Este Plan, de ser aprobado, tendría un coste estimado de 10.000 millones de euros.

La iniciativa, tal y como han explicado Lara y García Rubio en rueda de prensa, tendría un carácter “urgente y transitorio” para ser aplicada en lo que resta de legislatura, dada la insoportable tasa de desempleo que sufren los jóvenes, y “hasta la aplicación de políticas de empleo estables, una vez celebradas las próximas elecciones generales”.

Las líneas maestras de esta iniciativa se concretarían en dos planes conjuntos, uno denominado ‘Plan V’ para articular el empleo de jóvenes en el sector verde, y el segundo, el ‘Plan S’ o Plan de Impulso de los Servicios Sociales, para hacerlo en actividades de carácter social. La iniciativa contempla también una “paridad de sexos para cubrir estos puestos de trabajo”.

Cayo Lara indicó que se trata de una propuesta “seria y sostenible, que tiene los pies en el suelo” y que IU presentará como iniciativa parlamentaria en el Congreso, además de trasladársela directamente al Ejecutivo para su conocimiento previo.

José Antonio García Rubio subrayó que los 10.000 millones “no suponen un coste elevado”, pues es inferior a lo que va a tener que aportar España al rescate de la deuda de Grecia, “pero, además de eso, es un coste que se compensa con las cotizaciones a la Seguridad Social, por el aumento de los ingresos en el IRPF y por la disminución de los costes del desempleo. Por lo tanto, el balance es francamente razonable”.

El ‘Plan V’ comprende tres programas: uno para la creación de 200.000 empleos jóvenes en zonas rurales y la protección del bosque, otro que daría trabajo a 50.000 en la rehabilitación sostenible de viviendas residenciales y un tercero que ofrecería 100.000 puestos de trabajo en determinados sectores de economía sostenible por parte de autónomos y pequeñas empresas.

Por su parte, el ‘Plan S’ pretende crear 50.000 puestos de trabajo relacionados con la educación infantil y la Ley de Dependencia. Respecto a la primera, se contratarían a 30.000 profesores para el curso que viene, con un coste de 1.250 millones de euros, como apoyo a la educación entre 0 y 3 años “para cumplir los objetivos que deberían haberse alcanzado ya en 2010”. En cuanto a la segunda, las deficiencias de cumplimiento de la Ley de Dependencia se paliarían con la contratación de 20.000 personas, con un desembolso de 1.000 millones de euros a cargo del Estado. Dado que la gestión de ambas actividades corresponde a las comunidades autónomas, ambas cantidades se transferirían a éstas a través de acuerdos con compromisos por ambas partes.

Lara ha explicado que el conjunto del Plan “entronca con la línea de IU de estar presentando propuestas concretas ante los problemas reales que tienen los ciudadanos y, especialmente, de la gente que está en el paro y que sufre más agudamente las consecuencias de esta crisis”.

Lara ha criticado que hasta ahora el Gobierno haya hecho “caso omiso” a las propuestas que le han presentado Izquierda Unida con anterioridad y que, sin embargo, buena parte de los planteamientos contenidos en ellas las presente ahora como suyas el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Las medidas que hemos propuesto no se han aplicado, pero ahora se proponen para cuando haya un nuevo Gobierno en España”, señaló en alusión al contrato de empleo-aprendizaje propuesto por Rubalcaba.

García Rubio subrayó que “es un plan que va al encuentro de necesidades que existen en la sociedad española, tanto desde el punto de vista de la reforestación y recuperación de espacios verdes, como desde el punto de vista de ciertos servicios sociales. El desarrollo de estos últimos estaba ya comprometido por el Gobierno en relación a la educación de 0 a 3 años y la aplicación de las políticas de discapacidad, pero no ha cumplido. Por lo tanto, intentamos en un espacio relativamente corto de tiempo una intervención de esa naturaleza”.

IU-ICV consiguen que las subvenciones a la Academia de la Historia se condicionen a la revisión del Diccionario Biográfico

IU-ICV consiguen que las subvenciones a la Academia de la Historia se condicionen a la revisión del Diccionario Biográfico

El Congreso aprueba un texto único pactado por IU-ICV en el que se insta al Gobierno a “exigir la interrupción de la difusión” de la polémica obra hasta que se pronuncie sobre su contenido una “Comisión Científica compuesta por historiadores de reconocido prestigio, que revise aquellas entradas en las que se detecte falta de objetividad de los trabajos académicos”.

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley para hacer frente y enmendar los textos incluidos en el Diccionario Biográfico Español elaborado por la Real Academia de la Historia que se considera se “han apartado del necesario rigor y objetividad” y para impulsar los trabajos que ya ha comenzado la comisión creada por la propia Academia para analizar las entradas más polémicas. IU-ICV ha sacado adelante su propuesta de “condicionar la subvención prevista en los Presupuestos Generales del Estado” que ésta recibe hasta que sea revisado el Diccionario Biográfico, “a más tardar en el mes de octubre”.

La redacción definitiva de la proposición no de ley aprobada ha sido fruto de un texto transaccional pactado entre IU-ICV y el Grupo Socialista, a partir de las dos iniciativas parlamentarias presentadas por ambos por separado y las posteriores enmiendas pactadas.

El proyecto de este Diccionario Biográfico surge de un convenio suscrito con el Gobierno en 1999, por el que se encargó la obra con la idea de dar una “versión ecuánime” sobre las biografías que contendría. El Ministerio de Educación concedió a la Academia 4,80 millones de euros entre 1999 y 2006, a los que se han sumado otros 989.810 euros en subvenciones entre 2007 y 2011.

En el texto definitivo se pide al Gobierno “exigir la interrupción de su difusión, en España y en el extranjero, hasta que exista un pronunciamiento de la citada Comisión Científica y se haya producido la mencionada revisión”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, calificó durante su intervención en el Pleno la actuación de la Real Academia de la Historia como un “escándalo público”, al tiempo que denunció el “enfoque apologético de la dictadura franquista” y la falta de rigor en ciertas entradas.

Para Llamazares, las definiciones que el Diccionario incluye de algunas personalidades relevantes de la reciente historia española están plagadas de “interpretaciones, valoraciones y juicios personales”.

En la misma línea, denunció la voluntad de algún autor de “propagar la tesis del franquismo” y ensalzar al dictador con argumentos propios de la “extrema derecha”.

Golpe de Estado silencioso, artículo de Willy Meyer

Golpe de Estado silencioso, artículo de Willy Meyer

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, calificó de “revolución silenciosa y gradual” las medidas de control y de disciplina económica y financiera impuestas a los estados miembros de la UE, en una conferencia en la Universidad Europea de Florencia al día siguiente del Consejo Europeo que decidió el paquete de Gobernanza Económica Europea (18-06-10). “A veces en Europa los pequeños pasos son los más importantes. Leed atentamente las conclusiones del Consejo Europeo de ayer, por favor. Lo que está sucediendo es una revolución silenciosa, una revolución silenciosa en términos de una gobernanza económica más fuerte de forma gradual. Los estados miembros han aceptado –y espero que lo hayan entendido correctamente– dar poderes muy importantes a las instituciones europeas sobre vigilancia [económica] y un control mucho más estricto de las finanzas públicas. Esto sucedió ayer. Aceptaron el principio, por supuesto. Ahora nos toca legislar”, dijo Barroso.

El presidente de la Comisión se refería al desarrollo del denominado Semestre Europeo, es decir, el programa de vigilancia presupuestaria nacional que obliga a los estados a presentar sus programas económicos, incluidas las líneas generales de sus cuentas nacionales, ante la Comisión Europea y el Consejo, antes de someterlos a debate en sus respectivos parlamentos.

La maquinaria neoliberal europea impulsada por populares, socialdemócratas y liberales ha consensuado tres pactos: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Pacto de la Reforma Estructural y el Pacto del Euro, con la voluntad por parte de la Comisión y el Consejo de imponerlos a la ciudadanía europea representada por los parlamentos nacionales.

La obligatoriedad de que los gobiernos presenten ante estas instituciones sus propuestas económicas antes que a los parlamentos nacionales supone, al contrario de lo que opina Durão Barroso, un verdadero golpe de Estado silencioso contra las soberanías nacionales mediante la presentación previa de los llamados Programas Nacionales de Reforma, desarrollo de la Estrategia Europa 2020, continuación a su vez de la fracasada Estrategia de Lisboa (previsión de un crecimiento anual del 3% y creación 20 millones de nuevos empleos en enero de 2010).

Desde Bruselas, este golpe pretende desmantelar el Estado social europeo y uniformizar criterios para atacar salarios (flexibilización laboral, destrucción de la negociación colectiva), reducir drásticamente la función pública tanto en personal como en retribuciones, retrasar la edad de jubilación, privatizar el sistema de pensiones y concluir con el proceso de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.

La llamada Gobernanza Económica Europea (la concreción de los tres pactos) se contrapone al verdadero Gobierno Democrático de la Economía, imprescindible en la reconducción de la construcción europea para alcanzar la cohesión social, territorial y el bienestar social de las personas.

No es casual que se rehúya la necesidad de avanzar en el gobierno democrático de la economía europea, porque esto implicaría poner en marcha una arquitectura política completamente diferente y definir una orientación económica diseñada por y para los ciudadanos europeos desde el control exclusivo de las soberanías nacionales y europea.

La actual estructura política europea invita cada vez más a la ciudadanía a distanciarse de las instituciones, ya que percibe que el empeoramiento de sus condiciones de vida tiene que ver precisamente con la lluvia ácida promovida por el Consenso de Bruselas (la traslación del Consenso de Washington, basado en los principios de privatización, desregulación laboral y no intervención pública de la economía), preocupado exclusivamente por garantizar la libre circulación de mercancías y la acumulación de grandes capitales y grandes fortunas, hostigando los salarios y el bienestar de las personas europeas.

El puño de hierro que pretende imponer estos ajustes provoca, de una parte, la reacción sindical europea con huelgas generales, y la invitación a coordinar acciones de carácter europeo, como indica el Manifiesto de Atenas de la Confederación Europea de Sindicatos; y por otra, la indignación y rebelión de quienes no se resignan a ser espectadores de una vuelta atrás de las agujas del reloj de la Historia.

El europeísmo militante y exigente debe reclamar la necesidad de someter a referéndum en la UE todas estas reformas y medidas de ajuste que invaden las soberanías nacionales, para que sea el pueblo europeo el que dé su conformidad o no a esta deriva antisocial y por tanto antieuropea.

El pueblo islandés decidió en referéndum que no debería pagar las irresponsabilidades y errores de sus bancos, así como sentar en el banquillo al ex primer ministro conservador Geir H. Haarde, por su supuesta negligencia ante la crisis que llevó a Islandia a la bancarrota.

Cuando la democracia prevalece y los pueblos opinan, se pueden poner las cosas en su sitio. Frente al golpe de Estado silencioso contra las conquistas sociales europeas, un referéndum se hace imprescindible.

Cayo Lara afirma que la decisión tomada por la dirección de IU Extremadura “está fuera de la política federal que ellos mismos apoyaron”

Cayo Lara afirma que la decisión tomada por la dirección de IU Extremadura “está fuera de la política federal que ellos mismos apoyaron”

IU convoca para mañana su Presidencia Ejecutiva para debatir al máximo nivel ejecutivo federal la decisión tomada el domingo por la federación extremeña de abstener en la investidura del próximo presidente de esta comunidad.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado hoy que la decisión tomada por la federación extremeña de IU de favorecer con su abstención un Gobierno del Partido Popular “está fuera de la política federal de Izquierda Unida”, también apoyada en su momento por los propios dirigentes de Extremadura en los órganos federales.

Lara ofreció hoy en la sede federal de IU la rueda de prensa que estaba convocada desde la semana pasada para explicar la participación de tres dirigentes de la organización en la II Flotilla de la Libertad que próximamente partirá rumbo a Gaza. De este modo, el coordinador federal estuvo acompañado por el responsable de Política Internacional y eurodiputado, Willy Meyer; la diputada autonómica de las Cortes valencianas, Marina Albiol, y el miembro de la dirección federal y ex senador, Joan Josep Nuet. En respuesta a las preguntas de los periodistas presentes en la multitudinaria rueda de prensa, Lara avanzó que mañana martes se reunirá la Presidencia Federal para debatir con tranquilidad sobre todo lo ocurrido este fin de semana en Extremadura.

Este órgano –del que forman parte los miembros de la dirección federal más los coordinadores generales de todas las federaciones- ha sido convocado con carácter de urgencia porque, tal y como explicó el mismo coordinador federal, “es urgente hablar entre todos de lo ocurrido en Extremadura. Se va a poner sobre la mesa todo lo relativo a este tema y las posibles decisiones que hubiera que adoptar”.

Preguntado por la cuestión de si se baraja una posible expulsión de miembros de la federación extremeña, Lara indicó que “esa es una palabra muy fuerte de la que, por ser tan delicada, no vamos a hablar hasta que se pronuncien los órganos correspondientes”, al tiempo que indicó su imposibilidad de adelantar ningún tema relativo a dicha reunión por respeto a todos sus integrantes. De igual forma, no indicó cuál será la postura personal que expondrá al objeto de “no condicionar ni influir” en la decisión colegiada que tome la Presidencia.

Lara recordó las decisiones tomadas de forma prácticamente unánime por los máximos órganos de decisión de IU y defendidas durante la campaña electoral del 22-M por todas las federaciones para frenar las políticas de derechas y el acceso del PP a los distintos ámbitos de decisión. Antepuso éstas y comparó su total coincidencia con lo defendido por él en los últimos meses. Por ello, mostró su tranquilidad en relación a que siempre ha defendido y trasladado a la opinión pública la decisión adoptada el pasado año por el Consejo Político Federal -con sólo cinco votos no afirmativos, sumando los tres votos en contra y las dos abstenciones, dentro de un órgano compuesto por 180 miembros- para tratar de evitar mayorías de gobierno del PP y “hacer girar las políticas a la izquierda”.

“No entiendo –dijo- que exista ningún tipo de violación por parte de este coordinador de la línea política federal. En todo caso, sí hay una federación que, de alguna forma, no ha cumplido con el acuerdo adoptado por todas las federaciones de IU”.

El coordinador federal de IU, a preguntas de los presentes, hizo referencia al desarrollo del Consejo Político regional de IU de Extremadura del domingo en Mérida. “No quiero dar detalles, fue un consejo muy abierto”, comentó, al tiempo que prefirió dejar sin valorar las “actitudes concretas de algunas personas” asistentes al mismo que no pertenecen a la federación extremeña. Sólo trasladó la circunstancia de haber sido abucheado cuando exponía su opinión sobre el tema de la Memoria Histórica y su vinculación con Extremadura, especificando que fue debido a “un grupo pequeño que no representa ni el sentir ni la historia” de esta federación.

Lara mostró su contrariedad por el hecho de que algunos votantes extremeños de IU puedan “estar preocupados” por dejar de cumplirse “la palabra dada”, en referencia a evitar que haya gobiernos de derechas del PP, un “elemento sagrado, y valga esta palabra en una formación laica, para nuestra hoja de ruta”.

Reiteró su petición a la dirección de Extremadura para que “cumpla los acuerdos” adoptados por todas las federaciones. Interrogado por la posibilidad de que los tres diputados de IU en ese parlamento rectifiquen y no se abstengan finalmente señaló que “todo está abierto” porque las decisiones no son firmes hasta que no se producen.

“Izquierda Unida se ha comprometido con hacer girar la política hacia la izquierda en Extremadura y en toda España, porque consideramos que hay políticas conservadoras. Pienso que no se gira a la izquierda permitiendo gobiernos del PP, que está en las antípodas ideológicas de IU”, dijo.

Defendió que IU funciona de manera “plenamente democrática” y expuso que existen “líneas rojas”, que son los compromisos adquiridos por la misma federación extremeña con los órganos federales. Resaltó que esos “límites para una organización federal” están cuando las decisiones afectan a las demás federaciones y al cumplimiento de los acuerdos federales, que sirven “para que los ciudadanos tengan seguridad política y jurídica”.

Respondió a los ataques que recibe IU desde otras fuerzas políticas por éste y otros temas relacionados indicando que la “gran tenaza que existe es la Ley Electoral”, pactada por PSOE y PP, con la colaboración de las fuerzas nacionalistas conservadoras de CiU y PNV, que “roba votos a IU” y que adelantó que puede permitir que “el PP tenga mayoría absoluta en el Parlamento sin tener mayoría absoluta de votos”.

Izquierda Unida lleva al Congreso el debate del movimiento 15-M

Izquierda Unida lleva al Congreso el debate del movimiento 15-M

La interpelación tendrá lugar en el Pleno del miércoles 22 y el portavoz parlamentario de IU interrogará al Ejecutivo sobre "la demanda de participación en la sociedad civil y de ser escuchados” del movimiento.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, será quien lleve por primera vez al Congreso el debate sobre el 15-M. El diputado ha registrado una interpelación urgente al Gobierno -que se verá en el Pleno el próximo miércoles, día 22- para que desde el Ejecutivo se explique qué respuesta piensa dar “a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M para una salida social a la crisis, evitando una fractura entre la sociedad civil y la política”.

Esta interpelación urgente se traducirá posteriormente en una moción que elaborará Izquierda Unida y cuyo debate posterior servirá para que todas las formaciones políticas, incluidas las dos mayoritarias, se pronuncien sobre un movimiento del que hasta ahora han eludido debatir en sede parlamentaria y por el que sólo se han interesado para usar sus actividades como elemento de confrontación partidista interesada entre ellos. 

En el texto concreto de la interpelación registrada, Llamazares recuerda el origen de este movimiento y que en torno a él se aglutinó un amplio grupo que manifestaba “su indignación ante las causas y los efectos de la crisis capitalista, y frente a sus responsables: el desempleo, con un paro juvenil del 43%; la reforma laboral, que aumenta la temporalidad y la precariedad; la reforma del sistema de pensiones, que retrasa la edad de jubilación y reduce la cuantía de las futuras pensiones; la mercantilización de la Educación Pública y la insuficiente formación profesional; el difícil acceso a la vivienda y, en caso de impago, la obligación de seguir pagando la hipoteca tras devolver la vivienda al banco; la especulación financiera; la corrupción; la burbuja inmobiliaria; la actitud de los banqueros y su negativa a facilitar el crédito mientras se reparten primas, bonus y pensiones multimillonarias; los recortes sociales; la insuficiencia de los cauces de participación y el bipartidismo institucional”.

El parlamentario de IU advierte de que “aunque a la vista de determinadas consignas contra la clase política y contra los sindicatos algunos advierten contra el riesgo de que una parte minoritaria del movimiento derive en la abstención, la deslegitimación de la política y el populismo antisistema, la inmensa mayoría muestra un perfil progresista y alternativo, y una voluntad de participación de la sociedad civil, especialmente de la generación mejor formada de nuestra historia, que no se resigna a ser una generación perdida”.

 “Los ciudadanos que se manifiestan –señala Llamazares- quieren respuestas y exigen ser escuchados. Quieren una democracia real, más ágil y flexible; critican a los partidos por su rigidez, ensimismamiento y, en su caso, ser condescendientes con la corrupción. Reclaman otras formas de hacer política y no se sienten representados”.

Gaspar Llamazares recuerda al Ejecutivo en su iniciativa que los integrantes de este movimiento “ante la gravedad de la presente crisis económica, energética y medioambiental, reclaman un cambio del sistema político, económico y social, alertando ante el riesgo de fractura entre la política y la sociedad civil. Y sus portavoces quieren ser escuchados”.

Gaspar Llamazares: La patronal no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal

Gaspar Llamazares: La patronal no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso ha vinculado hoy la ruptura de la negociación para la reforma de los convenios colectivos por parte de la patronal con el “golpe antidemocrático de mercado”, del que ha advertido que avanza “de manera inexorable” en nuestro país y amenaza con “hacer saltar por los aires” la concertación social.

En rueda de prensa en el Congreso, el parlamentario de IU ha responsabilizado de la ruptura a las “posiciones y la argumentación inaceptables de la patronal CEOE. Parece que no tienen suficiente con la falta de democracia interna de las empresas”. En esta línea, expresó su rotundo rechazo a las propuestas de los empresarios en materia de flexibilidad y ultraactividad de los convenios, descuelgue y actualización de salarios, porque supondrían “un desastre para las relaciones laborales. Vuelven a echar la crisis sobre los que no la han provocado, los trabajadores”.

Llamazares valora que la patronal busca un “retroceso a la sociedad medieval” porque “no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal, donde el patrono es el señor feudal y los trabajadores, sus siervos”.

“Pero da la impresión –afirmó- de que ahora incluso pretenden ir más allá, puesto que si en el feudalismo los siervos no tenían ningún derecho, pero sí la protección de su señor, la CEOE busca ahora que los trabajadores no tengan ningún derecho y ninguna protección”.

Gaspar Llamazares explicó de cara al futuro que tras haber influido en la política económica del Ejecutivo “imponiéndole la agenda económica”, los mercados buscan influir también en el diálogo social “para que se recorten aún más los derechos de los trabajadores”.

Cayo Lara reclama al gobierno que exija a la UE un plan de ayudas de emergencia para los/as agricultores/as

Cayo Lara reclama al gobierno que exija a la UE un plan de ayudas de emergencia para los/as agricultores/as

El coordinador federal de IU ha reclamado hoy al Gobierno que actúe “a la mayor urgencia y en un doble sentido práctico” para que se dé respuesta a las consecuencias económicas y políticas que acarrea la alerta alimentaria lanzada por Alemania y que responsables de este país atribuyeron “de forma incompetente, banal y gratuita” a los pepinos de procedencia española. “A través del ámbito europeo correspondiente –afirma Lara-, consideramos que el Ejecutivo español debe exigir cuanto antes responsabilidades a las autoridades alemanas partiendo del principio de que ‘el que rompe, paga’, pues aquí se ha roto la normalidad del mercado y eso debe tener un precio”.

El máximo responsable de IU detalló, además, que “la segunda vía en esta doble acción debe ser reclamar también a la Comisión Europea que presente un plan urgente que cubra las enormes pérdidas económicas que están soportando nuestros agricultores. Deben liberarse unas ayudas de emergencia que palien de la mejor forma posible los fallos producidos para que quede claro que a la UE le importa el futuro de nuestros productores”.

Lara precisó que pese a la buena noticia de que los híper alemanes empiezan a desbloquear lentamente la compra de productos españoles, “la situación dista mucho de poder ser calificada como normal”. En este sentido, tachó de “intolerable y es algo que precisa de una respuesta diplomática inmediata” el ‘cierre de filas’ producido en las últimas horas por las autoridades alemanas para justificar la gestión política llevada a cabo desde varias instancias de este país en la denominada ‘crisis del pepino’ frente a España.

“No es de recibo, y así se lo debe hacer ver nuestro Gobierno, que después de que ayer rectificaran las acusaciones vertidas contra las hortalizas españolas cuando no tenían ninguna prueba científica, salga hoy la ministra alemana de Agricultura y Consumo a justificar los graves errores de su colega de Hamburgo.
Cayo Lara valora que “en medio de este caos y del ‘nacionalismo alimentario’ que están demostrando los alemanes, es prioritario volver a meter al sector hortofrutícola español en la senda de la normalidad. Situaciones tan lamentables como esta tienen como resultado la drástica pérdida de clientes y la práctica desaparición de las expectativas de venta y hay que lograr dar la vuelta a este proceso”.

En este punto, el coordinador federal de IU -que llegó a la política procedente del sindicalismo agrario- reclama al Gobierno español  que “en estrecha colaboración con los representantes de los profesionales afectados prepare de inmediato una campaña a nivel nacional y europeo para lograr el objetivo prioritario de que se recupere la confianza en nuestros productos y ‘vender’ el alto nivel de seguridad y calidad que tienen debido principalmente a la constancia y al esfuerzo de años de nuestros agricultores”.