Golpe de Estado silencioso, artículo de Willy Meyer

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, calificó de “revolución silenciosa y gradual” las medidas de control y de disciplina económica y financiera impuestas a los estados miembros de la UE, en una conferencia en la Universidad Europea de Florencia al día siguiente del Consejo Europeo que decidió el paquete de Gobernanza Económica Europea (18-06-10). “A veces en Europa los pequeños pasos son los más importantes. Leed atentamente las conclusiones del Consejo Europeo de ayer, por favor. Lo que está sucediendo es una revolución silenciosa, una revolución silenciosa en términos de una gobernanza económica más fuerte de forma gradual. Los estados miembros han aceptado –y espero que lo hayan entendido correctamente– dar poderes muy importantes a las instituciones europeas sobre vigilancia [económica] y un control mucho más estricto de las finanzas públicas. Esto sucedió ayer. Aceptaron el principio, por supuesto. Ahora nos toca legislar”, dijo Barroso.

El presidente de la Comisión se refería al desarrollo del denominado Semestre Europeo, es decir, el programa de vigilancia presupuestaria nacional que obliga a los estados a presentar sus programas económicos, incluidas las líneas generales de sus cuentas nacionales, ante la Comisión Europea y el Consejo, antes de someterlos a debate en sus respectivos parlamentos.

La maquinaria neoliberal europea impulsada por populares, socialdemócratas y liberales ha consensuado tres pactos: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Pacto de la Reforma Estructural y el Pacto del Euro, con la voluntad por parte de la Comisión y el Consejo de imponerlos a la ciudadanía europea representada por los parlamentos nacionales.

La obligatoriedad de que los gobiernos presenten ante estas instituciones sus propuestas económicas antes que a los parlamentos nacionales supone, al contrario de lo que opina Durão Barroso, un verdadero golpe de Estado silencioso contra las soberanías nacionales mediante la presentación previa de los llamados Programas Nacionales de Reforma, desarrollo de la Estrategia Europa 2020, continuación a su vez de la fracasada Estrategia de Lisboa (previsión de un crecimiento anual del 3% y creación 20 millones de nuevos empleos en enero de 2010).

Desde Bruselas, este golpe pretende desmantelar el Estado social europeo y uniformizar criterios para atacar salarios (flexibilización laboral, destrucción de la negociación colectiva), reducir drásticamente la función pública tanto en personal como en retribuciones, retrasar la edad de jubilación, privatizar el sistema de pensiones y concluir con el proceso de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.

La llamada Gobernanza Económica Europea (la concreción de los tres pactos) se contrapone al verdadero Gobierno Democrático de la Economía, imprescindible en la reconducción de la construcción europea para alcanzar la cohesión social, territorial y el bienestar social de las personas.

No es casual que se rehúya la necesidad de avanzar en el gobierno democrático de la economía europea, porque esto implicaría poner en marcha una arquitectura política completamente diferente y definir una orientación económica diseñada por y para los ciudadanos europeos desde el control exclusivo de las soberanías nacionales y europea.

La actual estructura política europea invita cada vez más a la ciudadanía a distanciarse de las instituciones, ya que percibe que el empeoramiento de sus condiciones de vida tiene que ver precisamente con la lluvia ácida promovida por el Consenso de Bruselas (la traslación del Consenso de Washington, basado en los principios de privatización, desregulación laboral y no intervención pública de la economía), preocupado exclusivamente por garantizar la libre circulación de mercancías y la acumulación de grandes capitales y grandes fortunas, hostigando los salarios y el bienestar de las personas europeas.

El puño de hierro que pretende imponer estos ajustes provoca, de una parte, la reacción sindical europea con huelgas generales, y la invitación a coordinar acciones de carácter europeo, como indica el Manifiesto de Atenas de la Confederación Europea de Sindicatos; y por otra, la indignación y rebelión de quienes no se resignan a ser espectadores de una vuelta atrás de las agujas del reloj de la Historia.

El europeísmo militante y exigente debe reclamar la necesidad de someter a referéndum en la UE todas estas reformas y medidas de ajuste que invaden las soberanías nacionales, para que sea el pueblo europeo el que dé su conformidad o no a esta deriva antisocial y por tanto antieuropea.

El pueblo islandés decidió en referéndum que no debería pagar las irresponsabilidades y errores de sus bancos, así como sentar en el banquillo al ex primer ministro conservador Geir H. Haarde, por su supuesta negligencia ante la crisis que llevó a Islandia a la bancarrota.

Cuando la democracia prevalece y los pueblos opinan, se pueden poner las cosas en su sitio. Frente al golpe de Estado silencioso contra las conquistas sociales europeas, un referéndum se hace imprescindible.