IU plantea la creación de una corte penal internacional para delitos medioambientales con la que hacer frente a catástrofes como el vertido tóxico en Hungría

Jueves, 7 de Oct de 2010

Los dirigentes federales Willy Meyer y Adolfo Barrena reclaman responsabilidades a la UE y al Gobierno húngaro por su dejadez frente a los incumplimientos en materia de seguridad para prevenir situaciones de este tipo.
 Izquierda Unida, a través de su eurodiputado, Willy Meyer, y del responsable federal de Sostenibilidad, Adolfo Barrena, expresan su solidaridad y respeto a los familiares de los fallecidos y a los damnificados por el vertido tóxico producido al romperse una balsa de residuos perteneciente a la empresa húngara Magyar Aluminio. “Una vez más, trabajadores y ciudadanos sufren las graves consecuencias de la desidia empresarial que antepone su cuenta de resultados al interés general y a la seguridad, a la que se suma la dejadez política para establecer controles efectivos”, señalan.
Ambos dirigentes federales anuncian que “frente a situaciones de estas características, desde Izquierda Unida exigimos la creación de una corte penal internacional para delitos medioambientales”. Barrena detalla que “así se podrían enfrentar situaciones como la de Hungría y poner freno a la inaceptable falta de responsabilidad de las empresas responsables de estos casos que, al final, se limitan a pedir disculpas y achacar el desastre a la meteorología o la casualidad”.
Meyer señala que “responsabilizamos, en primer lugar, a la empresa propietaria de la balsa causante del vertido pero, igualmente, exigimos responsabilidades al Gobierno húngaro que ha permitido la existencia de esta explotación con residuos altamente contaminantes sin garantías, así como a los organismos competentes de la Unión Europea, que siguen mirando para otro lado ante los continuos incumplimientos en materia de seguridad que hacen las empresas del sector químico industrial”.
Meyer y Barrena coinciden en señalar que “lo más urgente e importante en estos momentos es resolver el grave problema ambiental y de salud pública que supone el vertido y evitar que la contaminación llegue al Danubio, poniendo en grave riesgo el abastecimiento de agua a los más de 20 millones de ciudadanos que dependen del río. Para ello es prioritaria una acción decidida que ataje los efectos sobre los habitantes de las ciudades ribereñas y los ecosistemas de todos estos Estados que recorre el Danubio”.
 “Pero esta actuación –insiste Meyer- no puede ocultar la urgente necesidad de que la UE asuma sus responsabilidades y obligue al Gobierno húngaro y a los del resto de Estados miembros a cumplir rigurosamente las normativas ambientales, las medidas de seguridad para los residuos peligrosos y contaminantes, y reclamar responsabilidades penales por las negligencias de las empresas”.
Adolfo Barrena recuerda que “mientras tanto, vemos cómo se incumple sistemáticamente el principio básico de que ‘quien contamina paga’. En España, a pesar de las condenas existentes, ni la Administración ni los afectados han cobrado aún un euro de compensación por parte de Boliden, la minera sueca responsable del vertido en Aznalcóllar en Sevilla, pese a que se gastaron cerca de 200 millones de euros de dinero público para hacer frente a la catástrofe. Algo similar ocurre con los responsables de la marea negra del petrolero ‘Prestige’ en las costas gallegas y cantábricas”.