Madrid, 22 de marzo 2009

Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, IU aprueba un documento elaborado por su responsable de Energía, Agua y Sostenibilidad, Adolfo Barrena, donde se propone la constitución de una ‘Mesa del Agua’ como herramienta para alcanzar acuerdos
 
Hoy domingo se celebra el Día Mundial del Agua. Con tal motivo, la dirección federal de Izquierda Unida ha aprobado un documento en el que se reclama “un acuerdo estatal del agua como bien público, que evite su utilización para el enfrentamiento entre regiones y para un uso político partidista coyuntural”, según explica su autor, el responsable de Energía, Transporte, Agua y Sostenibilidad, Adolfo Barrena.

Para Barrena, “es hora de dar un giro radical a la política del agua. Partiendo de la implantación de la Directiva Marco Europea de Aguas debe acomodarse la legislación y las estructuras de gestión del agua a una nueva etapa en la que prime su gestión bajo premisas de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, transparencia y participación social.”

Advierte que a partir de las reforma de distintos estatutos de autonomía “se ha reabierto el debate sobre el uso y ‘propiedad’ del agua. Para IU, esto obliga a definir una política de gestión del agua que, desde la izquierda alternativa y transformadora, lo considere como un  bien público y se pueda exigir su gestión social”.

El dirigente de Iu señala que “deben seguirse unos principios de servicio público que eviten la privatización de su gestión y el control por el sector privado del ciclo integral del agua”.

“Izquierda Unida –señala- considera superados los planteamientos originales de aquellos Planes Hidrológicos Nacionales que, promovidos tanto por PSOE como por PP, se limitaban a atender las demandas y aumentar la oferta de agua poniendo a disposición de las actividades productivas y especulativas, sin distinción, los caudales necesarios”.

Adolfo Barrena lanza la propuesta de “un acuerdo estatal del agua que parta de la formación de una MESA DEL AGUA, en la que además de usuarios y fuerzas políticas, estén presentes las comunidades autónomas, los municipios, los agentes sociales y el tejido social implicado en la problemática de la gestión del agua”.

“Exigimos de la Administración Central que asuma la responsabilidad de su competencia en materia de planificación hidrológica, para, mediante el acuerdo que se alcance, garantizar los instrumentos necesarios que aseguren el desarrollo sostenible en lo económico, social, medioambiental e, incluso, cultural, de los territorios implicados”, afirma.

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