Madrid, 21 de enero de 2009.-

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa, entre otras cuestiones, por el grado de conocimiento del Ejecutivo central y otra serie de puntos concretos vinculados a la presunta trama de espionaje vinculada a altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que habría elaborado informes sobre otros miembros de ese ejecutivo autonómico y de la Corporación Municipal madrileña, según distintas informaciones periodísticas.

Entre las cuestiones por las que se interesa Llamazares está saber si “¿Piensa el Gobierno investigar si se ha producido un trasvase de datos policiales o de la Guardia Civil al margen del procedimiento legal, que pudiera ser constitutivo de irregularidad o delito?” o si  “¿Considera el Gobierno que el establecimiento de un equipo de investigación de este tipo entra dentro de las competencias de una Comunidad Autónoma, en este caso de la Comunidad de Madrid?”.

Otras dos cuestiones recogidas por Gaspar Llamazares en su iniciativa parlamentaria son si “¿Se propone el Gobierno comprobar la legalidad de este equipo de investigación?” y si “¿Era conocedor el Ministerio del Interior de la participación de funcionarios o ex funcionarios del Ministerio en el mencionado equipo de investigación y del trabajo que desempeñaban en él?”.

Por último, el parlamentario de IU inquiere si “¿Existe algún grado de incompatibilidad entre la condición de funcionario o ex funcionario del Ministerio del Interior y la participación simultánea en un equipo de investigación como el que ha creado el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid?”

 

A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA EL TEXTO DE LA INICIATIVA

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados Lerena, según distintas informaciones, habría creado supuestamente un equipo parapolicial, financiado con fondos públicos, integrado por ex guardias civiles y dirigido por el ex policía Marcos Peña, que investigaría a políticos y tramas de corrupción y redactaría informes reservados, todo ello fuera del control político o legal. Según Marcos Peña, los ex guardias civiles piden datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía.

¿Considera el Gobierno que el establecimiento de un equipo de investigación de este tipo entra dentro de las competencias de una Comunidad Autónoma, en este caso de la Comunidad de Madrid?

¿Existe algún grado de incompatibilidad entre la condición de funcionario o ex funcionario del Ministerio del Interior y la participación simultánea en un equipo de investigación como el que ha creado el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid?

¿Era conocedor el Ministerio del Interior de la participación de funcionarios o ex funcionarios del Ministerio en el mencionado equipo de investigación y del trabajo que desempeñaban en él?

¿Se propone el Gobierno comprobar la legalidad de este equipo de investigación?

¿Piensa el Gobierno investigar si se ha producido un trasvase de datos policiales o de la Guardia Civil al margen del procedimiento legal, que pudiera ser constitutivo de irregularidad o delito?

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