Artículo extraído de: http://aesteladodelrubicon.blogspot.com/2009/12/cuestion-de-dignidad.html

Una delegación de Izquierda Unida, encabezada por su coordinador federal, Cayo Lara, ha participado en la manifestación celebrada en Madrid bajo el lema ‘Fuera las tropas españolas de Afganistán. No a la guerra. OTAN no’. Lara señaló al comienzo de la marcha que pese a la larga presencia militar en este país “no se ha llevado la democracia a Afganistán. No se ha liberado a las mujeres afganas. La ocupación sólo trae más muertos, tanto entre la población civil afgana como entre las tropas ocupantes. Los mismos motivos que existían para retirar las tropas de Irak en 2004 se aplican en el caso afgano hoy”.

El máximo dirigente de IU, que compartió pancarta con representantes de la veintena de organizaciones convocantes, entre ellos el secretario federal del PCE, José Luis Centella, detalló que esta exigencia para la salida del contingente español en la zona busca “que nuestros soldados vuelvan a casa sanos y salvos y no en un ataúd de pino”.

Durante el recorrido de la marcha por las calles madrileñas, Lara vaticinó que manifestaciones de este tipo “se reproducirán cada vez con más frecuencia. Vuelve el sentimiento del “No a la Guerra” y la opinión pública cada vez se manifiesta más contraria a aventuras militares de estas características”.

“A España –dijo- no se nos ha perdido nada en Afganistán. No podemos seguir supeditados a la defensa que se está produciendo allí de los “intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos, independientemente de que gobierne Barack Obama u otro”.

Después de que IU haya visto cómo en el Congreso se rechazaban sucesivas iniciativas parlamentarias reclamando la retirada de Afganistán, Lara criticó el apoyo del PSOE, del PP y de otras fuerzas políticas al próximo incremento de las tropas en este país, lo que “está fuera del sentido común” más allá de la lógica militarista.

Al término de la manifestación, distintos medios de la Plataforma leyeron un Manifiesto en el que se reclama al Gobierno español que reconozca que se está participando en una guerra “injusta”, al tiempo que abandone la “falsa retórica de las misiones de paz” que esconden los verdaderos objetivos de estas operaciones.

Entre sus clientes podemos encontrar a la EMT, El Corte Inglés, ADIF, NISSAN, Telefónica, AENA, Grupo Santander, RTVE, FNAC, Antena 3, Gobierno de Cataluña o Gobierno de Cantabria. Igualmente algunas administraciones ministeriales y el propio PSOE. Del mismo modo, según otra información, está encargada de la vigilancia de la Dirección General de Armamento y material, del Ministerio de Defensa, por cuyo trabajo cobra 1,9 millones de euros al año.

Según las malas lenguas, entre sus accionistas principales se encuentra la eurodiputada Carmen Romero, casada con Felipe González. Es secretaria del Consejo de dicho sitio la prima de Esperanza Aguirre, Marta Gil de Biedma (según El Mundo).

Su administrador es un tal José Luis Novales, ex inspector jefe de la comisaría de seguridad ciudadana, amigo de Francisco Granados, uno de los consejeros de Esperanza Aguirre  (de quien se sospecha que está implicado en el espionaje de otros cargos del PP).

También se rumorean contactos de esta entidad con la extrema derecha española, lo que no sería de extrañar tratándose de una empresa de estas características.

Artículo extraído de: http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2009/11/26/segur-iberica-desvelamos-quien-vigila-los-atuneros/

Según afirmó uno de los agentes en representación del grupo, esperaban  dar lo mejor de ellos mismos a la ciudad.

El alcalde les pidió que se comprometieran en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Mientras tanto los ciudadanos nos preguntamos ¿con qué mano se coge la gorra?

Este 25 de noviembre de 2009, desde IU queremos denunciar vehementemente el tratamiento vergonzoso que el Gobierno del PSOE da a la violencia de género, a pesar de que vía propaganda pretendan dar la imagen de que se trata de una prioridad política, ya que los hechos nos demuestran todo lo contrario.

De los presupuestos generales destinados supuestamente a erradicarla, podemos extraer bastantes conclusiones, ya que en ellos sólo se consignan 31 millones de euros para 2010 para todo el Estado y para todos los programas.

Por otro lado, lo que este año ha definido la política en este tema ha sido la falta de actuaciones para erradicar la desigualdad salarial, para evitar las emisiones y anuncios sexistas (a pesar del Observatorio contra la violencia) y para modificar la ley contra la violencia (medida solicitada por casi todos los grupos en el Congreso) a efectos de paliar sus lagunas y deficiencias, porque la violencia hacia las mujeres hay que abordarla realmente de forma integral, abordando todos los aspectos estructurales de discriminación y de violencia que aún seguimos sufriendo las mujeres.

Para erradicarla, reivindicamos un mundo en igualdad entre mujeres y hombres, porque la igualdad trae consigo que el respeto por la diversidad y la diferencia. La igualdad conlleva la ruptura con los estereotipos machistas y patriarcales.

Para IU luchar por la igualdad significa impulsar cambios profundos en nuestra sociedad que ayuden a erradicar definitivamente la violencia sexista: nos referimos a la educación, al trabajo en valores, a la implicación profunda de las instituciones en esos cambios sociales necesarios para que la violencia contra las mujeres deje de ser una lacra social en pleno siglo XXI.

Doce años después de que se abriera la puerta a la participación del sector privado en la gestión de la sanidad pública, mediante conciertos, convenios y fundaciones, se revisará su funcionamiento ante la convicción de que en algunas comunidades autónomas se ha adulterado la ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. Así lo ha aprobado el Congreso, gracias a una proposición de ley defendida por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, con el voto de ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. En contra se ha colocado el PP. CiU y PNV se abstuvieron. La votación arrojó 173 votos a favor, 147 en contra y 20 abstencionistas.

Lo cierto es que si esta proposición de ley quedara en los términos redactados por Llamazares, tocaría a su fin el concierto con las entidades privadas. Pero no se llegará a tanto dado que el Gobierno mantiene su apuesta por "la colaboración "público - privada " de la sanidad, y no quiere "desmantelar" el actual sistema, ante el convencimiento de que en muchas autonomías funciona correctamente. Pero sí está de acuerdo con poner coto al deslizamiento hacia "la privatización", que se detecta en algunas autonomías, singularmente Madrid y Valencia, como denunció la portavoz socialista Pilar Grande. Después de la votación, dirigentes del grupo socialista fueron más explícitos y utilizaron casi los mismos términos que Gaspar Llamazares al reconocer que con esta iniciativa, en efecto, se debe "poner coto a los intentos de privatización de la sanidad".

Ahora bien, la tarea no es fácil porque la competencia la tienen en exclusiva las comunidades autónomas. En el Grupo Socialista confían en que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, convenza a las autonomías de que la colaboración no deber convertirse en privatización, como ayer denunció sin ambages Gaspar Llamazares.

Pero antes de llegar a este debate en el pleno del Congreso, los socialistas tuvieron su propio debate interno. Algunos diputados socialistas se preocuparon extraordinariamente cuando observaron que ante el "maximalismo" de la propuesta de IU, consistente en acabar con todos los conciertos privados, previsiblemente la instrucción sería votar no o abstenerse. La voz de alarma la dio el diputado y portavoz de Fomento del PSOE, Rafael Simancas, ex líder de los socialistas madrileños, al recordar en la reunión de los portavoces con la dirección del grupo de los lunes que la crítica por el modelo de gestión sanitario de algunas comunidades, singularmente Madrid, aunque también Valencia, constituye el núcleo central de la política de oposición de los socialistas. Por tanto, no votar la iniciativa de IU dejaría a la oposición socialista en Madrid en una situación de máxima incoherencia.

Estos mismos argumentos los utilizaron también los diputados madrileños Juan Barranco y Manuel de la Rocha en la reunión del plenario del grupo socialista. Estos pidieron el sí a la revisión del sistema de gestión privada con gran vehemencia, según relatan asistentes a la reunión, con los mismos argumentos que Simancas, Además, recordaron su compromiso con la plataforma en pro de la sanidad pública que denuncia exactamente lo mismo que recoge la proposición de ley de Izquierda Unida. La dirección del grupo se decantó por el sí a primera hora de la tarde al constatar que toda la izquierda iba a votar a favor y que en ningún caso podía quedar "el fogonazo" de que los socialistas votaban con el PP en esta materia.