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El 19 de noviembre del año 2007 el que fuera Alcalde de Candelario Germán Martín, actualmente concejal por el Grupo Independiente, prohibió realizar vídeos, fotografías y audios durante la realización de las sesiones plenarias, coartando de esta manera la libre difusión de la información que allí se trataba e imponiendo una censura previa contraria al artículo 20 de la constitución española, que otorga a todo ciudadano la capacidad de comunicar información mediante cualquier medio de difusión.

Esta decisión, a la cual se opuso con firmeza Izquierda Unida en todo momento, fue refrendada tras las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 por la nueva Alcaldesa de Candelario y socia de coalición Ana María Carrón, quien no solo esquivó todos los intentos por llegar a un acuerdo que solventara esta situación de censura, sino que ignoró informes oficiales remitidos por los servicios jurídicos de la Diputación de Salamanca, quienes recomendaban al Ayuntamiento de Candelario que desistiera de su actitud.

Así, cuatro años después, agotadas todas las vías políticas, cerrado el dialogo por parte tanto del PP como del Grupo Independiente, el 21 de noviembre de 2011 Miguel Rodero, Portavoz de IU en Candelario, asesorado legalmente por el letrado Gorka Esparza, presentaba esta vulneración de Derechos Fundamentales en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Salamanca.

Tras celebrarse un meticuloso proceso judicial que contó incluso con la declaración del propio Rodero en el Juzgado de Salamanca para defender los derechos de los ciudadanos, periodistas y reporteros a asistir a los plenos y difundir mediante cualquier medio la información que allí se expone, el 14 de agosto de 2012 el juez fallaba que la actitud del Ayuntamiento de Candelario vulnera los derechos fundamentales del artículo 20 de la constitución, y condenaba al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio, ya que el juez considera que los demandados han rechazado toda intención de solucionar el conflicto mediante otras vías.

Desde Izquierda Unida nos congratulamos por hacer cumplir a los miembros del Ayuntamiento la constitución española, a la par que nos entristece que una vez más sean los ciudadanos y ciudadanas quienes pagan con su dinero la negligente actuación de unos políticos que otra vez, y esta vez con sentencia judicial que lo acredita, han demostrado su nula gestión al frente de este municipio.

En Izquierda Unida no queremos judicializar la vida política corita, pero acudiremos a los tribunales cada vez que agotadas todas las vías corrientes consideremos que se están vulnerando derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Candelario 19 de septiembre de 2012

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