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El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha registrado una iniciativa parlamentaria para la “elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes alimentarios” en la que se propone, entre otras cuestiones, que se establezcan mecanismos “para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades”.

En esta proposición no de ley, firmada también por el portavoz económico de IU, Alberto Garzón,  se incide también en que debe mejorarse “la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización”.

La iniciativa de IU señala a “la pobreza y la exclusión social” como las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que “sufren” millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta “solamente” a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, “ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia”.

Se produce pues la incorporación a la pobreza de “miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del bienestar y que hoy, sin embargo, se encuentran sin recurso alguno”.

Según el Informe del Parlamento Europeo sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, “cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles -según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que se convierten en residuos”.

De ahí que la iniciativa parlamentaria inste también al Gobierno a “contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos”. 

También subraya la PNL que firman Centella y Garzón que en España “más de un 20% de la población activa está en paro y más de un millón de personas pasando hambre”, según recoge la ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ que realiza cada año el INE, cuyos datos señalan que un 2,4% de los residentes en España ‘no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días’. Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.

Texto íntegro de la Proposición no de Ley registrada

A la mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre la elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes de alimentos, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que sufren millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia.

Se produce pues, la incorporación a la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del Bienestar, y que hoy sin embargo, se encuentran sin recurso alguno.

Según el Informe del Parlamento Europeo “sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaría en al UE, cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles – según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que se convierten en residuos.

En España, más de un 20% de la población activa  está en paro y más de un millón de personas pasando hambre según recoge la “Encuesta de Condiciones de Vida” que realiza cada año el INE,  cuyos señalan que un 2,4% de los residentes en España “no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”. Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.

Las necesidades de alimentos y de otros productos básicos, de limpieza o aseo personal, se han ido extendiendo a segmentos de la población que no encajan en las categorías tradicionales de excluidos. Las nuevas necesidades no se concentran en personas sin techo, sino en familias con un grado considerable de vulnerabilidad a las que la crisis ha empujado a la pobreza.

Esta situación de pobreza, agravada en los últimos meses por los efectos de la crisis, ha llevado a  algunas organizaciones sociales  ha denunciar el despilfarro de alimentos aptos para el consumo la producción,  distribución y también de forma importante en el consumo.

Ante esta realidad, las acciones simbólicas de organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores en las últimas semanas, han reactivado el debate sobre qué deberían hacer los supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de caducar y a cuestionarse  el sistema alimentario actual, exigiendo el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo en lugar de convertirlos en desperdicios.

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78%) de los desecha la comida que está a punto de caducar, y tan sólo el 20% se la entrega a un banco de alimentos o a una ONG para su aprovechamiento.

Los Bancos de Alimentos u otras interesantes iniciativas sociales hacen una labor fundamental, pero no llegan a cubrir todo el problema. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario considera que el Gobierno debe tomar la iniciativa para promover, no sólo hábitos de consumo razonable en los ciudadanos, sino también un código de buenas prácticas en las cadenas de distribución de alimentos y un sistema de distribución de alimentos aptos para el consumo, que evite que los mismos acaben en la basura convertidos en desperdicios.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover en el plazo de 6 meses la elaboración de un Código de Buenas Prácticas de la distribución sobre los excedentes de alimentos, con la participación de todos los agentes implicados, con el objetivo de:

1.      Mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización.

2.      Establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con mas necesidades.

3.      Contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos.  

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