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Cayo Lara y José Antonio García Rubio, que han calificado la propuesta de “seria, sostenible y con los pies en el suelo”, cifran su coste en 10.000 millones de euros, buena parte de los cuales se recuperarían “con las cotizaciones a la Seguridad Social, por el aumento de los ingresos en el IRPF y por la disminución de los costes del desempleo”.

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Cayo Lara, y del responsable de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, ha presentado hoy un nuevo Plan Empleo, esta vez dirigido preferentemente a 400.000 jóvenes parados menores de 35 años para que puedan encontrar trabajo en el sector verde y en el de los servicios sociales. Este Plan, de ser aprobado, tendría un coste estimado de 10.000 millones de euros.

La iniciativa, tal y como han explicado Lara y García Rubio en rueda de prensa, tendría un carácter “urgente y transitorio” para ser aplicada en lo que resta de legislatura, dada la insoportable tasa de desempleo que sufren los jóvenes, y “hasta la aplicación de políticas de empleo estables, una vez celebradas las próximas elecciones generales”.

Las líneas maestras de esta iniciativa se concretarían en dos planes conjuntos, uno denominado ‘Plan V’ para articular el empleo de jóvenes en el sector verde, y el segundo, el ‘Plan S’ o Plan de Impulso de los Servicios Sociales, para hacerlo en actividades de carácter social. La iniciativa contempla también una “paridad de sexos para cubrir estos puestos de trabajo”.

Cayo Lara indicó que se trata de una propuesta “seria y sostenible, que tiene los pies en el suelo” y que IU presentará como iniciativa parlamentaria en el Congreso, además de trasladársela directamente al Ejecutivo para su conocimiento previo.

José Antonio García Rubio subrayó que los 10.000 millones “no suponen un coste elevado”, pues es inferior a lo que va a tener que aportar España al rescate de la deuda de Grecia, “pero, además de eso, es un coste que se compensa con las cotizaciones a la Seguridad Social, por el aumento de los ingresos en el IRPF y por la disminución de los costes del desempleo. Por lo tanto, el balance es francamente razonable”.

El ‘Plan V’ comprende tres programas: uno para la creación de 200.000 empleos jóvenes en zonas rurales y la protección del bosque, otro que daría trabajo a 50.000 en la rehabilitación sostenible de viviendas residenciales y un tercero que ofrecería 100.000 puestos de trabajo en determinados sectores de economía sostenible por parte de autónomos y pequeñas empresas.

Por su parte, el ‘Plan S’ pretende crear 50.000 puestos de trabajo relacionados con la educación infantil y la Ley de Dependencia. Respecto a la primera, se contratarían a 30.000 profesores para el curso que viene, con un coste de 1.250 millones de euros, como apoyo a la educación entre 0 y 3 años “para cumplir los objetivos que deberían haberse alcanzado ya en 2010”. En cuanto a la segunda, las deficiencias de cumplimiento de la Ley de Dependencia se paliarían con la contratación de 20.000 personas, con un desembolso de 1.000 millones de euros a cargo del Estado. Dado que la gestión de ambas actividades corresponde a las comunidades autónomas, ambas cantidades se transferirían a éstas a través de acuerdos con compromisos por ambas partes.

Lara ha explicado que el conjunto del Plan “entronca con la línea de IU de estar presentando propuestas concretas ante los problemas reales que tienen los ciudadanos y, especialmente, de la gente que está en el paro y que sufre más agudamente las consecuencias de esta crisis”.

Lara ha criticado que hasta ahora el Gobierno haya hecho “caso omiso” a las propuestas que le han presentado Izquierda Unida con anterioridad y que, sin embargo, buena parte de los planteamientos contenidos en ellas las presente ahora como suyas el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Las medidas que hemos propuesto no se han aplicado, pero ahora se proponen para cuando haya un nuevo Gobierno en España”, señaló en alusión al contrato de empleo-aprendizaje propuesto por Rubalcaba.

García Rubio subrayó que “es un plan que va al encuentro de necesidades que existen en la sociedad española, tanto desde el punto de vista de la reforestación y recuperación de espacios verdes, como desde el punto de vista de ciertos servicios sociales. El desarrollo de estos últimos estaba ya comprometido por el Gobierno en relación a la educación de 0 a 3 años y la aplicación de las políticas de discapacidad, pero no ha cumplido. Por lo tanto, intentamos en un espacio relativamente corto de tiempo una intervención de esa naturaleza”.

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