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Promocionar el alquiler y paralizar los embargos, son algunas de las propuestas

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido que muchas familias se han visto incapaces de pagar su hipoteca, y muchos jóvenes o parejas han visto frustrado su deseo de independizarse, al no poder hacer frente al pago de un alquiler o una hipoteca. La situación actual es dramática:

A pesar de que las administraciones municipales han aumentado las ayudas al alquiler (un 56% respecto al año anterior), en muchos casos son insuficientes (no llega al 0,7% del total de los presupuestos). En la ciudad de Salamanca durante el año 2009 se llevaron a cabo 236 embargos hipotecarios (un 228% más que en 2008), y es previsible que sigan aumentando. Además, una de cada cuatro hipotecas tiene que ser renegociada con las entidades bancarias, ya que las familias no pueden afrontar los pagos.

La Oficina Joven de Vivienda ha declarado recientemente que las consultas sobre ayudas públicas para la compra y/o alquiler de viviendas suponen ya algo más del 50 % de las realizadas por los jóvenes de nuestra ciudad. Este aumento indica que cada vez son más jóvenes los que necesitan ayudas extraordinarias para poder acceder a una vivienda o para independizarse.

El pasado 8 de marzo la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Vivienda y el sector de la construcción llegaron a un acuerdo para convertir el stock de vivienda libre en vivienda de protección oficial. Existen alrededor de 30000 en toda Castilla y León, 4000 sólo en Salamanca. En principio, parece un acuerdo interesante, pero empezamos a sospechar que de las 4000 vivienda que existen en la provincia de Salamanca, sólo 2000, es decir, aquellas que no están en la capital podrán convertirse en VPO. Pero la realidad nos muestra que va a tener serios problemas para ponerse en marcha, ya que a pesar de estar hecho en gran parte a la medida de sus necesidades, los constructores se niegan a reducir sus márgenes de beneficio y a transformar estas viviendas en VPO.

“No nos podemos dejar engañar, esta decisión no depende de la demanda, ni pretende resolver las necesidades de los ciudadanos, sino que responde sólo al interés de las empresas del sector de la construcción. En ningún caso, se parte de un análisis de las necesidades de los ciudadanos. Sólo se pretende subvencionar la venta del stock de viviendas para beneficiar a las empresas” ha señalado Antonio Moreno, Coordinador de IU Salamanca.

“Cuando el sector de la construcción y las entidades bancarias se han enriquecido a costa de subir los precios de la vivienda y esclavizar a las familias con hipotecas imposibles, no se ha intervenido. Ahora llegan los acuerdos para acabar con el stock, que es principalmente, un problema de los constructores” matizaba Moreno.

Para el Coordinador de IU, “es necesario plantear otro tipo de política de vivienda, similar al de otros países europeos, y basado en la promoción del alquiler frente a la compra”. La política de protección de vivienda dedicada a la propiedad, desatiende a aquellas familias más desfavorecidas, a los jóvenes y a los que cuentan con menos recursos, tan escasos que no llegan a los mínimos y que por lo tanto, las ayudas son insuficientes, lo que les convierte en los grandes olvidados una y otra vez. Además, es urgente frenar el número creciente de embargos y desahucios.

Por todo ello, la propuesta de Izquierda Unida contempla un Plan de Medidas en Materia de Vivienda centrado en el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, reconocido en el artículo 47 de la Constitución y la exigencia de su cumplimiento efectivo ante las Administraciones Públicas. Las principales medidas para conseguirlo son:

1.- Constituir un Parque Público de Viviendas, con al menos 100.000 viviendas que puedan ser alquiladas a precios moderados, y en la que el precio del alquiler no pueda ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos.

2.-Suspender todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de trabajadores parados. Facilitar el acuerdo entre las partes, bajo la tutela de las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria), a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.

3.-Modificar la legislación hipotecaria y el Código Civil, para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.

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