Hace unos días, el Congreso de los Diputados acordó pedir al Gobierno, con los votos en contra únicamente del Partido Popular, que suspenda las subvenciones a instituciones o entidades privadas, entre ellas la Iglesia, que en seis meses incumplan la retirada de la simbología franquista. Así, una comisión impulsada por la Ley de la Memoria Histórica ya está estudiando qué símbolos se deberán retirar, aunque en Salamanca tiene un arduo trabajo, pues a los escudos de la capital se suman cruces y placas en honor de los caídos por toda la provincia, pero sobre todo que más de la mitad de los 362 municipios mantiene todavía calles con nombres franquistas.

SALAMANCA24HORAS ha repasado el callejero de cada localidad, encontrándose con
nombres que se repiten con asiduidad. Destacan Generalísimo (e incluso Generalísimo Franco en alguna placa), Plaza del Caudillo, José Antonio (en alusión a Primo de Rivera), General Mola (militar español líder de la sublevación de 1936 que, tras su fracaso, dio origen a la Guerra Civil Española), General Sanjurjo (militar español, uno de los principales conspiradores del golpe de Estado del ejército contra la II República, en julio de 1936), Queipo de Llano (uno de los cuatro cabecillas principales del golpe militar contra la II República Española) y Salas Pombo (Gobernador Civil de Salamanca entre 1945 a 1950 y uno de los dirigentes de La Falange).

A estos nombres,
curiosamente algunos en pueblos desde hace décadas bajo un Ayuntamiento socialista, como es el caso de El Cabaco y Frades de la Sierra, se unen también placas y cruces en honor de los caídos, además de la presencia de un pueblo con apellido franquista, Águeda del Caudillo. A lo que también se suman los escudos de la capital, destacando en el Palacio de Justicia, el Banco de España y el Banco Santander.

Ahora, la comisión deberá decidir qué símbolos deben retirarse de inmediato y cuáles pueden perdurar por no incumplir la legislación que entró en vigor hace un año y medio. Además, ha contado con los apoyos suficientes para instar al Ejecutivo a modificar los estatutos de la Fundación Gestora del Valle de los Caídos con el fin de que cumpla su finalidad de rehabilitar la memoria de todas las víctimas y para la elaboración de un mapa de fosas comunes y unprotocolo de intervención en las exhumaciones.

Otro de los requerimientos que se solicitará al Gobierno es que se agrupen todos los fondos archivísticos relativos a este periodo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca. Del conjunto de iniciativas planteadas en la moción, se han rechazado, entre otras, la puesta en marcha de una Fiscalía especializada y de políticas públicas para el fomento de la memoria democrática. Estas dos medidas, junto a otra que pretendía asegurar una protección ’integral’ a los afectados por la dictadura y que tampoco ha sido respaldada, eran especialmente importantes para ERC-IU-ICV.

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