El portavoz de IU en el Congreso exige al Gobierno socialista que se “pronuncie pública y urgentemente sobre la actuación que está teniendo la Fiscalía en este caso” y destaca que la Sala de lo Penal haya decidido “sin consultar al resto de partes personadas, las asociaciones, lo que supone un ultraje a las víctimas y sus familias”

Madrid, 7 de noviembre de 2008

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha anunciado que “los servicios jurídicos de Izquierda Unida van a empezar a estudiar qué acciones judiciales contundentes pueden tomarse en nombre de nuestra organización, sin descartar la interposición de una querella por prevaricación, para hacer frente a la precipitada e injustificable decisión tomada hoy por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

Llamazares responde así a la medida tomada hoy por esta instancia judicial a requerimiento de la Fiscalía para paralizar las actuaciones llevadas a cabo por el magistrado Baltasar Garzón y frenar la exhumación de los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo hasta que decida si el magistrado es o no competente en la investigación.

Llamazares realizó una valoración muy crítica sobre lo acordado y apuntó en un doble sentido. Por un lado, denunció que “los miembros de la Sala de lo Penal se han dado una prisa inusitada en llevar a cabo su cometido en esta materia. Y lo han hecho pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares, con los que acaban de cometer un verdadero ultraje”.

“La deplorable actuación de la Fiscalía en este tema –recalcó en segundo lugar- obliga a unas explicaciones públicas y urgentes por parte del Gobierno socialista. Ya no es hora de medias tintas y de escudarse en actuaciones judiciales para no entrar al fondo del problema”.

Afirmó que “si el Gobierno de Rodríguez Zapatero está vendiendo ahora a bombo y platillo actuaciones que completan la Ley de Memoria Histórica que deberían haber estado ya listas hace meses, también tiene que dar la cara para explicar a las decenas de miles de familiares de los represaliados por la dictadura qué opina de la actuación de un fiscal que depende de un Fiscal General del Estado nombrado por este Gabinete. Lo que está pasando es impresentable”.

Llamazares calificó de “aberración” el hecho de que la Sala de lo Penal haya decidido estimar la petición de la Fiscalía sin consultar al resto de las partes personadas en la causa, principalmente las asociaciones denunciantes. “Esto aclara mucho el respeto que determinados magistrados tienen por las víctimas, sus familias y sus representantes legales legítimos. Además, puede servirnos a todos de aviso a navegantes de lo que nos espera sobre la decisión definitiva sobre la competencia de Garzón, cuyo resultado negativo algunos privadamente ya están adelantando sin pudor ni vergüenza. Parece que aquí hay quien ya ha jugado sus cartas y sabe el resultado final de la partida”, dijo.

Comentarios  Ir a formulario

iucandelario